Primo Gonzalez, La competencia fiscal Madrid-Barcelona

La competencia fiscal Madrid-Barcelona Primo González

Madrid y Barcelona se han enfrascado últimamente en una más de las múltiples pendencias a las que acostumbra la rivalidad de los dos epicentros quizás con mayor identidad de eso que algunos llaman el Estado español. Esta vez, coincidiendo además con la recta final de la Liga de fútbol (ya resuelta) y la de baloncesto (en fase de sustanciación), la disputa se está deslizando por la temática fiscal. Por fortuna, si se puede decir de esta forma, la cuestión está en ver, sacando jugo a la rivalidad, quien paga menos impuestos. O, dicho de otra forma, cual de los dos Gobiernos autonómicos, puesto que en un Estado de las Autonomías vivimos aún (aunque más parezca federal) exige menos sacrificios tributarios a sus habitantes, dentro claro está de los márgenes que permite la legislación vigente.
Con el gradual desarrollo del Estado de las Autonomías, en todos los territorios españoles se ha ido configurando un mapa fiscal cada vez más complejo y descentralizado. Pero lo que ello tenía de virtud al principio se está tornando en algunos momentos en inconveniente. En materia de impuestos, todo español, por el mero hecho de serlo, tiene una obediencia fiscal básica (vascos y navarros al margen, beneficiarios de fuero propio) que es la del Estado español. Esta disciplina y obediencia única se ha ido alambicando con el paso de los años a medida que el emergente poder autonómico ha ido arañando concesiones y reclamando a veces “derechos históricos”, que ineludiblemente acaban traducidos en dinero. Es decir, en tributos cedidos, compartidos o incluso, últimamente, con tributos de gestación propia, ya que algunas Autonomías empiezan a disponer de capacidad normativa sustancial a la hora de configurar el esqueleto básico de sus mecanismos de financiación.
Ni qué decir tiene que Cataluña ha ido un paso por delante en todo este proceso, quizás con la vista puesta siempre en alcanzar un grado de desprendimiento del tronco principal del Estado similar al que ya tienen desde la etapa constitucional (algunos antes, caso de Navarra) las tres provincias que forman parte del País Vasco, cada una de ellas dotada de propia capacidad fiscal (el País Vasco es un ente posterior a las Diputaciones Forales y estas son las que realmente tienen el poder fiscal en sus manos). De modo que entre las cuatro provincias forales y el resto de España hay una auténtica carrera por ver quién llega antes a algo parecido a un grado de autonomía fiscal de amplio espectro. Y en esa carrera estamos, con Cataluña abanderando la operación, algunos de los demás tratando de acercarse y la mayoría viendo quizás con cierta nostalgia cómo el vaciamiento fiscal y tributario del Estado se puede traducir en el futuro en una situación de alto riesgo para aquellos territorios que, formando parte del Estado español, integran el grupo de los receptores de solidaridad constitucionalmente consagrada pero en la práctica cada vez más vacía de contenido. Es decir, de dinero.
En medio de este proceso que podríamos llamar, de forma benévola, saludable rumbo hacia la descentralización tributaria, se ha cruzado un interesante caso de tendencia trasversal, protagonizado por la Comunidad de Madrid, gobernada como es bien sabido por el PP. Y, dentro del partido opositor, por su ala más liberal conservadora, la que personifica Esperanza Aguirre. Madrid se está convirtiendo en abanderada del recorte de impuestos. Ha puesto especial énfasis en uno que atañe más directamente a los sectores más pudientes (también más dinámicos) de la sociedad, el que paga más impuestos y, en especial, el que paga ese tributo que muchos consideran ya trasnochado, que casi nadie tiene en el mundo desarrollado, salvo Francia (en donde quizás no tarde en desaparecer) y que en España se creó de forma provisional, el del Patrimonio. Es decir, aquel que exige a los contribuyentes un pago en proporción a lo que tienen, no a lo que ganan cada año.
La capacidad recaudatoria de este tributo es baja y muchos dicen que al Estado ni a las Autonomías les compensa ya que genera demasiados costes su mera vigilancia y recaudación. Es más un impuesto de índole simbólica. Algunas Autonomías, como la de Madrid, simplemente lo suprimirían, como ya han hecho en la práctica con los de Sucesiones y Donaciones. Lo malo es que estos impuestos, en la medida en que suponen un “castigo a los ricos”, han sido venerados en el pasado como auténticos templos de la redistribución de la renta por los sectores de izquierdas, aunque la adhesión a este tipo de planteamientos ha sufrido el inevitable desgaste del tiempo, ya que ningún análisis serio demuestra que la aplicación de dichos impuestos haya logrado crear sociedades más justas e igualitarias en ninguna parte. Los socialistas incluso propusieron su práctica eliminación en su último programa electoral, aquel que prepararon y defendieron para las elecciones que no pensaban ganar, las de 2004, aunque finalmente ganaron. Pero ese punto ha sido uno de los que se ha quedado sin desarrollar.
Una de las derivadas de esta batalla es la que se ha organizado a cuenta de las acusaciones lanzadas por el consejero de Economía de la Generalitat, Antonio Castells, quien ha venido a acusar a Madrid de ejercer una competencia que califica de desleal ya que la rebaja de impuestos que de forma agresiva está desarrollando Madrid está causando al parecer problemas a Cataluña. No se han explicado los problemas en concreto pero sí podría suceder que la competencia entre sistemas fiscales autonómicos pueda traducirse en problemas de deslocalización de inversiones, personas, empresas y actividades, que puedan buscar espacios más benévolos en materia fiscal para ubicarse en ellos en detrimento de los menos beneficiosos. ¿Era esto lo que realmente buscaban los apóstoles de la autonomía fiscal? Cabe dudarlo.