Ocurrencias contra la cocaina

jueves 28 de junio de 2007
Ocurrencias contra la cocaína
PARECE ser que los datos sobre consumo de cocaína en España aportados por Naciones Unidas han dado que pensar a los responsables del Ministerio de Sanidad. En efecto, Elena Salgado presenta un sorprendente «programa estratégico», aplicable entre 2007 y 2010, cuyos autores demuestran una notable dosis de imaginación, pero carecen del necesario sentido de la proporción y la medida. La ministra pretende que los camareros vigilen el consumo de coca en bares y discotecas, que se distribuyan certificados de «centros sin drogas» y que se convierta a los hosteleros y sus empleados en guardianes del comportamiento de los clientes. Está visto que Sanidad prefiere las ocurrencias a las medidas eficaces. El plan de choque en la lucha contra esta epidemia de «polvo blanco» tiene unos objetivos razonables, en concreto, disminuir el consumo, aumentar la percepción del riesgo, retrasar la edad de inicio y mejorar la atención a las personas con problemas de adicción. Sin embargo, una vez más, los medios no son apropiados. Salgado no escarmienta de sus propuestas peculiares, que ya han fracasado en materias como el tabaco y el alcohol. Es víctima de nuevo del modelo intervencionista que caracteriza al Gobierno, que se traduce en imponer conductas que -por definición- provocan malestar entre los afectados.
Los camareros cumplen funciones de atención al público y, con frecuencia, son trabajadores eventuales que no permanecen mucho tiempo en el mismo establecimiento. En todo caso, su tarea no es ni puede ser la de convertirse en policías. Las administraciones públicas deben intensificar las medidas para evitar que los traficantes consigan desarrollar su actividad con tanta facilidad, para lo cual se requiere algo más que colaboración social y medidas puramente educativas. De ahí que sea imprescindible mayor implicación del Ministerio del Interior, puesto que la lucha contra el tráfico de drogas y estupefacientes debe estar en manos de profesionales especialmente preparados para ello y dotados de los medios técnicos imprescindibles.
Es lamentable que España se sitúe en el primer puesto de la clasificación mundial de consumo de cocaína, superando por primera vez a Estados Unidos. Se trata de una verdadera lacra social en el mundo de los jóvenes y adolescentes que, según los casos, se prolonga con mucha frecuencia hasta edades adultas. En todo caso, es llamativo que el consumo entre los españoles menores de edad se haya multiplicado por cuatro en sólo diez años. Los expertos observan que esta droga está asociada con el éxito social, lo que despierta un sentimiento de emulación, característico de la «sociedad del ocio» y de la admiración hacia los triunfadores. Conocer a fondo el perfil de los consumidores es por ello un dato fundamental para luchar contra este mal. Así se podrían romper los circuitos de distribución y quebrar la percepción de impunidad con la que se mueven los vendedores y los compradores. De hecho, cuando la Constitución -en su artículo 43- reconoce el derecho a la salud, impone a los poderes públicos que establezcan medidas preventivas que ofrezcan a los ciudadanos las prestaciones y servicios que sean necesarios. No se puede transferir la responsabilidad del Gobierno a los empresarios y trabajadores de un sector tan sensible como la hostelería. Entre otras razones porque siempre habrá la opción alternativa de buscar locales menos dispuestos a colaborar, provocando así una dinámica social conflictiva.
En definitiva, este tipo de planes improvisados es la secuela de un intervencionismo que ha fracasado ya en cuestiones como la ley antitabaco e incluso el carné por puntos. El Gobierno tiene una visión trasnochada de las relaciones entre el poder y la libertad. Por una parte, muestra cierta querencia por el «ordeno y mando» a la hora de imponer algunas conductas. Por otra, pretende que la sociedad cumpla funciones que corresponden a la Administración. Otra vez la ministra Salgado ha elegido el camino equivocado.