El Tribunal Supremo le vuelve a echar un capote al Gobierno
Elsemanaldigital.com
30 de junio de 2007. Uno de los peores reproches que se le pueden formular al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en estos momentos finales de su mandato es la instrumentalización política a la que ha sometido a instituciones y órganos del Estado que por su naturaleza deberían estar alejados de la lucha partidista. Desde autoridades teóricamente independientes, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hasta cuerpos funcionariales que tendrían que ser neutrales, como la Fiscalía o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por la propia Justicia, pocos ámbitos de la organización estatal han escapado a la manipulación por el Ejecutivo con objetivos y finalidades estrictamente políticos.El caso de los policías que detuvieron a dos militantes del PP, Isidoro Barrios y Antonia de la Cruz, por una agresión al ex-ministro de Defensa José Bono que nunca existió - y ahí están los testimonios gráficos de la manifestación en la que habrían ocurrido los hechos para demostrarlo sin sombra alguna de duda - fue uno de los primeros ejemplos de esta utilización partidista de las instituciones. Pues bien, este caso hoy se agrava todavía más con una nueva vuelta de tuerca, la que supone la anulación por el Tribunal Supremo de la condena que la Audiencia Provincial de Madrid había impuesto a los policías.Podrá discutirse la aplicación de la figura de la detención ilegal en un supuesto como éste, en el que parece claro que no fueron los policías condenados los que tomaron la iniciativa de arrestar a los militantes del PP, sino alguna autoridad política de bastante mayor rango. Sin embargo, los delitos de coacciones y de falsedad documental son difícilmente contestables, como ha puesto de relieve desde el propio ámbito policial Ignacio López, secretario general de la mayoritaria Confederación Española de Policía (CEP), quien ha resaltado también que no fue la Fiscalía, sino las defensas de los imputados y la Abogacía del Estado quienes recurrieron esta parte de la condena.José Bono, con su acostumbrada incontinencia verbal, se ha apresurado a acusar poco menos que de prevaricación a los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid que dictaron la sentencia de instancia. Sin embargo, es triste tener que decir que la inesperada anulación completa de la misma por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sólo se puede entender a la vista de su composición para el conocimiento del presente caso.Entre los cuatro magistrados que han votado la nueva sentencia, Juan Saavedra, Enrique Bacigalupo, Luciano Varela y Andrés Martínez Arrieta, resulta fácil reconocer los nombres de prominentes miembros de Jueces para la Democracia de probado activismo político. Cualquier intento serio de regeneración de la vida pública española pasa necesariamente por terminar con estas adscripciones ideológicas o partidistas de los miembros del Poder Judicial que tanto daño hacen a la Justicia.
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