Burbuja inmobiliaria: sólo faltaba la ONU para ponernos sobre aviso
Carmen Tomás
Por si el Gobierno tenía alguna duda sobre el peligro de que estalle, ya no queda nadie por advertirle. Hasta las Naciones Unidas han recomendado a Zapatero que nos alerte.
28 de junio de 2007. Desde hace muchos meses se viene alertando al Gobierno español desde distintos frentes sobre la probabilidad de que en España se produzca una crisis inmobiliaria. Tanto el FMI, como la OCDE, como diversos bancos de negocios extranjeros están diciendo que la "fiesta" que vivimos en nuestro país puede acabar mal. Credit Suisse ha ido mucho más lejos y habla de una posible recesión como consecuencia del pinchazo brusco de la burbuja inmobiliaria. No se si hay para tanto, pero por si faltaba algún organismo o entidad que alertara a los españoles sobre ese riesgo, en las últimas horas ha sido el relator especial de la ONU para la vivienda quien ha recomendado al Gobierno español que alerte a sus ciudadanos de que habrá una crisis de la vivienda. Las soluciones que propone Kothari al Gobierno no son especialmente acertadas, pero ahí está el aviso. La verdad es que plantear más intervención, incluso hacer que se ocupe un porcentaje de las viviendas vacías, no es muy de recibo. Son recetas bastante obsoletas que rozan en algún caso con el derecho a la propiedad privada y a hacer con ella lo que a uno le venga en gana. Pero, en fin, ahí está el análisis de este experto y las consecuencias que puede tener para nuestro país esa crisis que tantos vislumbran y que el Gobierno se empeña en minimizar. Ojalá de los escenarios posibles que plantean algunos expertos acabe sucediendo el menos malo. Sin embargo, mirar para otro lado sí que no parece una posición razonable. Hablar de cambio de modelo de crecimiento económico para soslayar el problema no es acertado. Puede producirse un grave problema en las expectativas de los ciudadanos y en su capacidad de gasto. También en el de las empresas, y de ahí a un problema de desempleo no hay más que una línea fina. Los centenares de miles de personas que directa o indirectamente dependen de la construcción pueden empezar a pasarlo mal y muchísimos son inmigrantes poco cualificados. De ahí que resulte una falacia la idea de que puedan encontrar trabajo en otro sector. Vamos a ver qué pasa, pero la preocupación cada vez es mayor sobre el alcance que pueda tener esa crisis inmobiliaria que tantos vaticinan y que puede dar al traste con el objetivo de sostener el crecimiento económico en las tasas actuales. Está claro que este Gobierno ha tirado ya la toalla de los proyectos y de las ideas. No es que en el terreno económico hayan tenido muchas, más bien han vivido de las rentas, pero desde luego la legislatura parece agotada y el problema está ahí acechándonos. No es que sea tarde para hacer algo, es que no hay voluntad ni ganas de hacer nada. Se ha estado en otros asuntos poco o nada interesantes para los ciudadanos en general. Solbes ha dedicado más tiempo a mirar a su espalda y a intentar tapar y solventar problemas que han planteado otros que a mirar a la economía y tomar medidas. Se han recreado tanto en el dato de crecimiento que no han sido capaces de advertir que la bicicleta podría pararse si dejaban de pedalear. Las advertencias están ahí y los datos van confirmando que el problema existe y que en cualquier momento puede estallar. Los precios han caído, se van a construir menos viviendas, el endeudamiento es espectacular tanto de familias como de empresas, baja la demanda de hipotecas y aumentan las renegociaciones de plazos y el euribor no cesa de subir. Analizar el problema y buscar soluciones está en manos del Gobierno. ¡Hasta existe un Ministerio de la Vivienda! No es que ofrezca confianza la gestión de la ministra del ramo. Más bien al contrario, nos ha acostumbrado a discursos vacíos, inoperantes, a ideas ridículas, pero ahí está, nos cuesta un dinero mantenerlo y habrá que pedirle que se lo curre y que junto al Ministerio de Economía y a quien haga falta, tomen las medidas necesarias para que esa probable crisis dañe lo menos posible al conjunto de los ciudadanos.
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