Luis Pousa, Resituar las diputaciones

viernes 15 de junio de 2007
LUIS POUSA
CELTAS SIN filtro
Resituar a las diputaciones
Mientras que los negociadores negocian y, en algunos casos, se reúnen por mera cortesía, el tiempo avanza sin importarle lo que digan y hagan los interlocutores. De hecho, mañana, 16 de junio, será el día de conformación de las corporaciones locales. El día en que quedará plasmado el nuevo mapa del poder político local en Galicia. A lo que seguirá semanas después la constitución de las corporaciones provinciales, cuyo reparto de poder está siendo abordado por socialistas y nacionalistas desde posiciones de arranque que no sólo necesitan ser pulidas mediante el juego del regateo.
Es posible que en algunos aspectos, las diputaciones sufran algunos retoques en sus funciones, pero se moverán del lugar que ocupan en el entramado jurídico-político-administrativo del país.
La desaparición de las diputaciones excede a las posibilidades de las partes negociadoras y al ámbito de la comunidad ­autónoma gallega. Un planteamiento de esa naturaleza y calado obliga a la reforma de la Constitución. Al margen, claro está, de otros atajos experimentales -como el de convertir a Galicia en provincia única- que, muy probablemente, conducirían a la reproducción en otro formato de un ente coordinador de las administraciones municipales, fuese para cubrir las demarcaciones territoriales actuales o para otras de nueva creación.
Esa función coordinadora y redistribuidora de unos recursos escasos malamente puede ser asumida por los propios municipios, pues en realidad desaparecería. De ahí que la propuesta en bruto, formulada por el Bloque, de vaciar de competencias a las ­diputaciones no tendría mayor sentido que el de conseguir que, dinamitándolas por dentro, quedasen reducidas a ser algo testimonial, y finalmente a morir por inanición.
En otras palabras, el remedio propuesto para no entrar en la complicadísima cuestión de una reforma de la Constitución dista mucho de ser el adecuado para acabar con la enfermedad de clientelismo crónico que padece la institución, por las malas prácticas empleadas por sus gestores. Pues ello obligaría a crear otro ente administrativo, el nombre es lo de menos, que asumiese muchas de las funciones que, por pura lógica redistributiva y organizativa, no pueden asumir directamente los entes locales. Ni siquiera desde una perspectiva asamblearista esa alternativa es necesariamente mejor que la otra, pues en realidad también la Diputación funciona mediante una asamblea en la que están representados todos los municipios, vía circunscripción de los partidos judiciales.
Dejando a un lado la agenda de máximos, cuestión distinta, pero no menor es resituar a las diputaciones en el contexto autonómico, dándole una concepción muy diferente a la de viejo torreón defensivo del centralismo provincialista, antitético con la descentralización autonómica. Porque, por supuesto, clama al cielo que, transcurridos veintiséis años desde la puesta en marcha en Galicia de las instituciones autonómicas, todavía no se hayan creado los mecanismos de coordinación entre la Xunta y las cuatro diputaciones gallegas, con arreglo a lo previsto en la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. Y, sin embargo, esa coordinación se hizo, bajo cuerda, a través del partido gobernante y con arreglo a criterios partidistas y electorales.