Unidad y claridad

jueves 7 de junio de 2007
Unidad y claridad

La unidad democrática a la que obliga el anuncio de ruptura de su tregua por parte de ETA se presenta, en estos momentos, como una meta tan necesaria como difícil de alcanzar. La virulencia del comunicado etarra hace que las divisiones que han ido ahondándose a lo largo de la legislatura se enfrenten a un momento crítico. De ahí que resulte imprescindible que la unidad democrática frente al terrorismo deje de ser un mero eslogan retórico que los partidos se arrojan unos a otros. La unidad ha de tener un significado preciso y el consenso unos contenidos verificables, a partir del reconocimiento del papel que a cada uno corresponde. El respeto por la función directiva que al Gobierno toca desempeñar en la lucha contra el terrorismo ha de ser incuestionable, por lo que la oposición debe renunciar a arrogársela de manera indebida. Pero tal función directiva no puede desempeñarse de modo unilateral, sin brindar cauces de consulta y participación a quienes están llamados a apoyarla. El análisis del problema que representa ETA y las conclusiones a extraer ya no pueden ser patrimonio exclusivo de un gobierno, sino que están sujetos a un debate público razonablemente informado que el Ejecutivo no puede desdeñar. La indisposición del presidente Rodríguez Zapatero a atender a cuantas indicaciones se le han venido haciendo para que corrigiera su actuación es una actitud a rectificar de inmediato, como la propia persistencia de ETA demuestra. El consenso da continuidad a la lucha antiterrorista como un requisito indispensable de ésta, porque no se trata de una materia cuya gestión pueda variar de forma sustancial a tenor de quién ocupa el Gobierno y quién se sitúa en la oposición. España supone una vergonzosa excepción respecto a los países de su entorno, en los que la lucha contra el terrorismo está interiorizada como auténtica política de Estado.La unidad implica asimismo inclusión y no exclusión. Desborda el juego de mayorías y minorías, y persigue la unanimidad. En estos momentos podría resultar vano empeñarse en la recuperación del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo suscrito en su día por socialistas y populares. Pero sería sumamente arriesgado que las diferencias llevasen a los partidos a diluir las coincidencias hasta volverlas irrelevantes. Porque sólo reconociendo el alto valor que alcanzan las posiciones comunes y situándolo por encima de las discrepancias se podría avanzar en la unidad sin pretender, por ello, la cuadratura del círculo. El presidente Rodríguez Zapatero y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, tendrán el lunes una oportunidad para ello; una oportunidad que no pueden desperdiciar. Junto a tan imprescindible entendimiento, resulta necesario que el consenso incorpore también al PNV, sin que la posición del mismo acabe siendo lastrada por los condicionantes que tanto el lehendakari como sus dos socios de gobierno introducen cada vez que se demanda un compromiso democrático y unitario frente a ETA. La unidad requiere una concepción compartida sobre el alcance de la ley. A nadie se le escapa que la abierta discrepancia con la que el nacionalismo saludó la nueva Ley de Partidos y las desavenencias que se han dado entre las dos formaciones promotoras de la misma -PSOE y PP- en cuanto a su aplicación constituyen no sólo importantes factores de desunión, sino que además debilitan la eficacia de la propia norma. La entrada en algunas instituciones del País Vasco y de Navarra de una formación como ANV que, como continuidad de la izquierda abertzale, pudiera dar cobertura política a la propia ruptura de la tregua significa en estos momentos una dificultad añadida para el consenso democrático. La contestación nacionalista a una eventual aplicación de lo previsto en la Ley de Partidos no debería ser, en ningún caso, impedimento para que sus valedores defiendan su aplicación desde criterios comunes.La unidad requiere de quien la lidera comportamientos que resulten claros e inteligibles a la ciudadanía. En los últimos tiempos, ésta ha podido tener la impresión de que los requisitos del Estado de Derecho han sido modulados a conveniencia de la concepción particular que de la lucha antiterrorista se habían formado sus protagonistas. El propósito de «adoptar las decisiones más oportunas en cada momento, de acuerdo con la ley», expuesto reiteradamente por el Gobierno, puede inducir a confusión, cuando no a una arbitraria interpretación de la legalidad. Así, no ha resultado a veces comprensible la actitud del Gobierno o de la Fiscalía del Estado en ciertos aspectos de política penitenciaria o de persecución de delitos. Tal actitud ha parecido responder, en ocasiones, más a cálculos de resultados a corto plazo que a los requerimientos del imperio de la ley. La actuación de los poderes públicos ante casos como el de De Juana Chaos viene a demostrar de manera elocuente, además, que la modulación del Estado de Derecho según las particulares ideas del gobernante de turno, los oscilantes impulsos de la sociedad o las esperanzas puestas en la respuesta de aquéllos a los que se pretende combatir resulta siempre contraproducente y provoca, las más de las veces, efectos perversos