Florencio Dominguez, Votar por votar

Votar por votar
24.07.2007 -
FLORENCIO DOMÍNGUEZ

El tripartito anda estos días hecho un lío a cuenta de la consulta popular que tienen pactada en el programa de gobierno. El lehendakari tiene una idea de cómo debe ser esa consulta de autodeterminación -a la que no quieren llamar por este nombre- y el presidente de su partido otra bien distinta, por lo que parece.El coordinador de Ezker Batua y miembro del Ejecutivo de Ibarretxe, Javier Madrazo, también tiene su propio guión de la consulta en cuestión. Dice que los ciudadanos deben poder pronunciarse en contra de ETA y a favor del reconocimiento del derecho a decidir. Lo primero no es original: ya se les ocurrió antes a Ibarretxe y a Arzalluz quienes, en el Alderdi Eguna de 2001, amenazaron a ETA con una consulta de ese tipo, como si ETA no supiera que tiene a la inmensa mayoría de los vascos en contra. Precisamente por eso mata, para conseguir por la fuerza lo que no puede conseguir por los votos. Lo segundo, lo de votar para reconocer el derecho a decidir en vez de pronunciarse sobre una propuesta concreta, recuerda a las asambleas universitarias de los setenta, tan animadas como inútiles, en las que se votaba para ver si se votaba. En aquellas asambleas sólo se perdía el tiempo, pero ahora, en una consulta como la que plantea el nacionalismo, lo que está en juego es la convivencia.El acuerdo firmado por la coalición tripartita afirma que «el Gobierno vasco solicitará al Parlamento vasco autorización para que, en un escenario de ausencia de violencia y sin exclusiones, se realice la consulta popular para ratificar el acuerdo político alcanzado».Esa previsión partidista carece del menor soporte jurídico porque la posibilidad de convocar referendos, tal y como establece el artículo 92 de la Constitución, corresponde al Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, tras ser autorizada por el Congreso de los Diputados. El actual Estatuto, aprobado por la mayoría de los vascos, prevé la consulta para ratificar las reformas estatutarias, pero respeta las previsiones constitucionales. El Gobierno vasco, según el artículo 46.2 del texto de Gernika, podría ser facultado «por delegación expresa del Estado» para convocar el referéndum de ratificación de los cambios estatutarios. Sin esa delegación, cualquier consulta, por mucha autorización del Parlamento vasco que tuviera, sería ilegal.Ni el lehendakari ni los miembros del tripartito desconocen esa circunstancia por lo que las apelaciones a la consulta constituyen, antes que nada, un pulso político al Estado. Además, en nombre de la hipotética voluntad futura del pueblo vasco, pasan por alto la real voluntad presente, la que se manifestó en la aprobación del Estatuto que no reconoce capacidad de convocar consultas ni al lehendakari, ni al Ejecutivo ni al Parlamento vascos.f.dominguez@diario-elcorreo.com