lunes, julio 30, 2007

Luis Pousa, Excesos personalistas

martes 31 de julio de 2007
LUIS POUSA
CELTAS SIN FILTRO
Excesos personalistas
Galicia debe acelerar la inversión pública en infraestructuras y tecnología si quiere converger con la media española y europea. Esta es una de las conclusiones del Informe 2006 sobre la marcha de la economía gallega, que realiza anualmente Caixa Galicia. El informe tiene en cuenta, además, el hecho de que en 2013 la comunidad autónoma dejará de ser región Objetivo 1 para la Unión Europea y, en consecuencia, ya no percibirá las ayudas de los fondos estructurales destinados a infraestructuras.
Entre otras cosas, eso quiere decir que el tren de alta velocidad debe estar concluido en 2012, como exige el presidente Touriño, y en torno a esa misma fecha también tendrá que estar finalizada la red interior de vías de alta capacidad que enlaza entre sí a las grandes ciudades gallegas.
La advertencia es sumamente oportuna, pues la economía gallega pasa por buenos momentos, con una tasa de crecimiento ligeramente superior al 4% del producto interior bruto y una tasa de paro (7,59 %) por debajo de la media española. Para mantener un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo, parece claro que la obra pública es una de las opciones de mayor y mejor calado, teniendo en cuenta los efectos multiplicadores que puede generar en otros ámbitos.
Pero, además, es una manera de compensar la previsible caída de la construcción, una de las actividades que genera más empleo. A este respecto, las medidas adoptadas por la Xunta en materia urbanística han evitado que continuara la desfeita, y Galicia esté en condiciones de conjurar el peligro de convertir su litoral en un Levante bis. Porque, aparte de los entramados de corrupción, el modelo inmobiliario de la Costa del Sol está completamente agotado y ha resultado carísimo en todos los aspectos, según confesó a este periodista un alto dirigente de una empresa promotora que cotiza en bolsa y está iniciando su desembarco en Bulgaria.
La vivienda de promoción pública, los minipisos, las residencias para mayores y la obra civil centran ahora el negocio de las grandes promotoras, compaginándolo con otras actividades cuales las energías alternativas. Los criterios de sostenibilidad, el control del medioambiente, etcétera, empiezan a ser asumidos como valores de un sector cuyas empresas líderes están abordando un giro de ciento ochenta grados en sus proyectos empresariales, pues de lo contrario quedarán fuera de un mercado cuya evolución es imparable, a decir de los interesados.
En todo este cambio hay una cuestión que preocupa en ámbitos del Gobierno gallego y en el sector: la lentitud con la que se están gestionando los planes de urbanismo y las políticas urbanísticas. Porque una cosa es poner coto a los desmanes y otra, bien distinta, convertir a la administración autonómica en un cuello de botella, debido a su exasperante ineficiencia en la tramitación de los proyectos. Lentitud a veces provocada por los excesos de celo personalista de algunos de los controladores.
El malestar sordo está ahí, continúa creciendo y puede estallar en el momento menos pensado, desembocando en un conflicto de consecuencias políticas imprevisibles. Una pena, porque el asunto tiene remedio si se pone voluntad política en resolverlo y se toman las medidas pertinentes. Lo que no puede es seguir así.

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