Un Ejercito bajo el fuego

lunes 30 de julio de 2007
Un Ejército bajo el fuego
COMO en años anteriores, la pesadilla de los incendios forestales no ha tardado en repetirse en nuestros bosques: más de 2.500 hectáreas de pinos han ardido en lo que representa ya el más grave desastre ecológico de la historia de Gran Canaria, que ha perdido buena parte de su masa arbolada en un siniestro provocado voluntariamente por un vigilante forestal. Con este motivo, la recién creada Unidad Militar de Emergencias (UME) ha actuado por primera vez en el territorio nacional. Aunque todos los esfuerzos son pocos para la lucha contra el fuego, es notorio que esta unidad ha despertado recelos en muy diversos ámbitos. Ante todo, las comunidades autónomas muestran serias reticencias por una posible invasión de sus competencias. El País Vasco ha anunciado ya un recurso al respecto, Cataluña estudia también una respuesta en términos jurídicos y -como recoge hoy ABC- otras comunidades expresan sus dudas sobre la eventual vulneración de sus competencias en materia de protección civil. No es sólo un problema de legalidad. Sería extraño y paradójico que los soldados del Ejército español actuaran bajo la coordinación -y en definitiva a las órdenes- de autoridades de nivel territorial limitado, cuando la misión de las Fuerzas Armadas se caracteriza por su condición intrínsecamente nacional. Crear posibles conflictos entre mandos militares y autoridades autonómicas y locales sería una consecuencia indeseable del establecimiento de una unidad que suscita también opiniones contradictorias en el seno del propio Ejército. En efecto, los complementos salariales y el destino de efectivos a una tarea que tiene carácter intermitente son algunas de las críticas que no han obtenido respuesta adecuada por parte del Ministerio de Defensa.
La cuestión tiene, en todo caso, un evidente significado político. El problema reside en el peculiar enfoque que Rodríguez Zapatero pretende dar a las Fuerzas Armadas. El pacifismo fundamentalista que se trasluce en sus declaraciones públicas le obliga a concebir a la milicia como una especie de ONG cualificada, que distribuye alimentos en las misiones internacionales de paz y auxilia a los afectados en situaciones de crisis. Por supuesto que el Ejército coopera mucho y bien siempre que hace falta, como lo demuestra esta pasada semana el traslado de generadores eléctricos a Barcelona con motivo del reciente apagón. Sin embargo, no es razonable institucionalizar una función que es ajena en esencia a los militares, cuyos fines y objetivos no pueden equipararse con otras organizaciones de diferente naturaleza. Las Fuerzas Armadas sirven para cumplir las funciones que establece el artículo 8 de la Constitución y su presencia en el exterior, ya sea en el marco de la OTAN o bajo el mandato de la ONU, es fiel reflejo de que tenemos un Ejército profesional y eficaz que deja en muy buen lugar el nombre de nuestro país. Por eso mismo, crear una unidad para emergencias civiles supone dedicar recursos que nunca sobran a tareas que competen a otras administraciones y a otras unidades técnicas. La ideología presidencial no puede justificar esta perspectiva insólita del soldado «apagafuegos», ajena a la naturaleza de la institución militar.
El incendio en Tejeda y otros municipios de Gran Canaria ha sido provocado por un vigilante forestal, que ha confesado su culpa. Es evidente que la excepción no puede convertirse en regla y que este acto individual, que habrá de ser castigado como merece, no afecta a la imagen positiva que tienen los ciudadanos de los encargados de vigilar los montes. Ahora bien, si el Ejecutivo quiere contribuir a luchar contra la plaga que nos alcanza todos los veranos, tal vez debiera reforzar, de acuerdo con las comunidades autónomas, los servicios forestales, mejorando la formación de los agentes, atendiendo a su precaria situación laboral y facilitando la colaboración entre los distintos entes territoriales. No hace falta crear un nuevo Ejército, la polémica UME, a cumplir funciones que pueden y deben desarrollar profesionales con distinta preparación y cualificación, cuya labor podría mejorar notablemente si se utilizan como es debido los recursos humanos y materiales de la Administración estatal.