martes 31 de julio de 2007
Todo naufragó sin explicaciones Lorenzo Contreras
A medida que se van filtrando tremendos datos, más o menos fundados, pero terriblemente verosímiles, sobre el contenido de las “negociaciones” entre representantes del Gobierno (y del PSOE) y delegados de ETA, la opinión pública todavía interesada en saber qué ha pasado tiene motivos para no salir de su asombro. Esos casi cristalizados acuerdos han fracasado cuando más parecían beneficiar los intereses de la banda, con una especie no de paz, sino de armisticio parecido a una rendición incondicional española, que ha terminado en una nueva declaración de guerra. El aparente acuerdo a punto de fraguar pasaba por todas las exigencias del mundo abertzale, especialmente en lo que atañe a la autodeterminación vasca y la territorialidad, incluyendo una especie de eurorregión vasca equivalente a lo que los radicales del independentismo llaman Euskal Herria. Las filtraciones incluyen una humillante —si se hubiera concretado— cláusula para hacer de los gudaris etarras reinsertados nada menos que pensionistas del Estado español, con una “recompensa” de mil quinientos euros mensuales. Lo que se dice una prejubilación que ya quisieran para sí miles de jubilados españoles.
Cuesta trabajo creer que todo esto haya sido concertado en serio, pero más cuesta creer que si tal acuerdo se hubiera pactado, aunque sólo fuera en principio, todo se hubiese venido abajo. Podría parodiarse el verso de Machado diciendo que la primavera pacifista no ha venido y nadie sabe por qué ha sido. El diario Deia, órgano del PNV, ha publicado el pasado domingo un editorial en el que afirma que “ETA volvió a imponerse a la izquierda abertzale”, que la representación de Batasuna “quedó en evidencia” y que, en definitiva, “la autoridad militar competente mandó parar”, entendiendo por tal autoridad a la cúpula de la organización terrorista.
Esto habría sido el naufragio póstumo de las “conversaciones de Loiola” (Loyola para los españoles), en las que habrían participado representantes del PNV, PSE–EE (o sea, PSOE) y, por supuesto Batasuna, con el zapaterismo al fondo. Lo que estaba a punto de ser acordado, e incluso concretado con fecha de 31 de octubre del 2006, habían sido las bases del diálogo y del acuerdo político, destinadas a ser depositadas en ¡el Vaticano! Como en una especie de registro–notaría que serviría de inicio para el fin del llamado conflicto, naturalmente bajo chantaje etarra de ruptura del “proceso” si la marcha del diálogo se torcía en sentido mínimamente contrario a sus puntos de vista.
En este contexto se produjo el anuncio etarra del fin de la tregua, que no fue tregua en realidad, y luego, cuando todo ha estado empantanado pero con dudas nacionalistas sobre la confirmación del hecho, vino el mensaje-carta electrónica del presidente del PNV, Josu Jon Imaz, contrario a la celebración de un referéndum que plantearía, aunque sólo a escala vasca, nada menos que todos los grandes planteamientos soberanistas y nacionalistas anticonstitucionales y antinacionales. Imaz calibró la peligrosidad de la situación y parece que provisionalmente ha venido a ser más español que Zapatero. En consecuencia ha vetado, como líder del PNV, esa consulta popular telecomandada por el ala radical nacionalista, ha derrotado por ahora a los Arzalluz y Egibar y ha venido a enterrar por segunda vez el famoso y cadavérico Plan Ibarretxe.
Porque para Imaz, lo prioritario, antes que un pretendido referéndum en septiembre, debe ser “hacer frente a ETA” a través de la eficacia policial y cerrar la inoperante “vía del diálogo” cuya vigencia pide desde la cárcel de Martutene un tal Otegi, “El Gordo”, que cuando así se le conocía formó parte del comando que intentó secuestrar al hoy difunto Gabriel Cisneros, tal vez la cabeza más clara que le quedaba al PP en la reserva. Las balas que entonces le dispararon los del comando de “El Gordo” han pasado sin gloria a la historia universal de la infamia, que diría Jorge Luis Borges
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