Politica rota

miercoles 14 de marzo de 2007
Política rota

La comparecencia ayer del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la réplica del portavoz del PP, Eduardo Zaplana, no sólo volvieron a evidenciar el abismo que separa al Gobierno y al primer partido de la oposición en su valoración del 'caso De Juana Chaos' y sobre la política antiterrorista. Demostraron también que ninguno de los dos tiene intención alguna de reconducir las discrepancias hacia un terreno de mayor racionalidad. Pero, junto a ello y de manera no menos grave, los continuados reproches sobre la trayectoria de los respectivos gobiernos en materia tan delicada como la penitenciaria ofreció a la ciudadanía la sensación de que la ley puede aplicarse de forma contradictoria, el tratamiento de los presos definirse con criterios de oportunidad y, en general, concebirse ese capítulo como un mero instrumento al servicio de la estrategia frente a ETA. Es preciso recordar que la política penitenciaria representa un valor en sí misma, en tanto que obedece a fundamentos constitucionales. Esto obliga a cualquier Gobierno a mantenerla sobre los mismos raíles legales y en aplicación de unos principios duraderos. La trifulca entre el Ejecutivo y el PP a causa de la prisión atenuada concedida a De Juana no puede acabar enturbiando o extendiendo un halo de desconfianza hacia la política penitenciaria en su conjunto, máxime ante las reacciones especialmente sensibles que suscita en la opinión pública. La acumulación de actos de terror por parte de ETA ha ido rebajando la disposición de la ciudadanía a la generosidad para con los presos etarras, incluso en el incierto caso de que ello pudiera contribuir al desarme de la banda. Las frustrantes treguas de 1989 y 1998 y la obcecada negativa de los terroristas a retractarse de sus actuaciones o reconocer el daño causado han terminado hartando a una opinión pública indignada, que ha encontrado en la figura de De Juana la expresión más descarnada del matonismo etarra. Ha sido el inmovilismo de la banda el que ha hecho arraigar esas convicciones. En junio de 2003, la Ley General Penitenciaria incluyó entre los requisitos para que los condenados por terrorismo accedan al tercer grado «signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios terroristas», así como «una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas (...) y una petición expresa de perdón a las víctimas». Más allá de su concreto alcance legal, esa previsión refleja la exigencia mínima que plantean los ciudadanos para que los reclusos de ETA puedan acceder a los beneficios legales. De manera que si en sus momentos de mayor envalentonamiento la izquierda abertzale insistía en rechazar el trueque de 'paz por presos', es ésta una perspectiva que cada día se aleja más de lo que la sociedad está dispuesta a considerar a cambio de que el terrorismo desaparezca definitivamente. Y De Juana ha contribuido a ello más que nadie.