Un silencio inaceptable

jueves 29 de marzo de 2007
Un silencio inaceptable
EL ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera cometió ayer algo más que un error inexcusable durante su declaración en la vista oral del 11-M. No es cuestión de hacer un juicio de intenciones sobre su negativa a revelar la fuente que le comunicó la existencia de un supuesto informe policial sobre la relación de ETA con los atentados. Las razones por las que tomó esta decisión pertenecen a su fuero interno, pero es evidente que, cualesquiera que fueran, debió anteponer su deber de colaboración con la Justicia a un muy subordinado compromiso moral con su fuente. Su testimonio ha sido un duro golpe al proceso, una generación de dudas perfectamente evitable, porque si hay alguien en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tiene información, por mínima que sea, sobre la autoría del atentado, debe ser llamado al juicio para declarar ante el Tribunal. Es una incongruencia absoluta que adopte esta postura quien, como máximo responsable de la Policía, desempeñó sus funciones en la lucha antiterrorista. Más aún, no se entiende que quien tanto hizo por las víctimas del 11-M en el apoyo a sus familias y en la detención inmediata de algunos de los principales acusados ahora amague con un supuesto informe que, si realmente es como dice Díaz de Mera, tendría una incidencia directa en el resultado de las investigaciones.
Con toda razón, el presidente del Tribunal le pidió insistentemente que valorara «la situación en que coloca el proceso». Y con la misma razón no tuvo más remedio que imponerle una multa y deducir testimonio por un posible delito de desobediencia grave, pues como testigo tenía obligación de contestar la verdad. La actitud del juez Gómez Bermúdez no pudo ser más ajustada a las consecuencias que se preveían si Díaz de Mera persistía en una negativa tan injustificada legalmente como incomprensible para la opinión pública y las propias víctimas. Además, Díaz de Mera no reparó en que, como primer cargo político del Gobierno del PP llamado a declarar, iba ser un objetivo seguro de interrogatorios incómodos y orientados a demostrar las supuestas mentiras u ocultaciones de la autoría islamista por parte del Ejecutivo de Aznar. Aquel Gobierno no se merecía esta impronta tan negativa que ha dejado Díaz de Mera, porque si algo está demostrando el juicio es que nadie mintió cuando señaló a ETA como probable autora del atentado y nadie ocultó información a los ciudadanos sobre los descubrimientos de las pistas que acabarían desembocando en la célula yihadista y sus cooperadores de la trama asturiana.
No hay otro momento ni otro lugar más adecuado para hablar de ETA y el 11-M que este juicio y la sala en la que se celebra. Esas llamadas «teorías de la conspiración» -de las que nadie, sea de las defensas o sea de las acusaciones, se está ocupando en el juicio- tenían en el informe aludido por Díaz de Mera una ocasión inmejorable de someterse al filtro de las pruebas ante el Tribunal. Pero la decisión del ex alto cargo del PP de hurtar al juicio la posibilidad de una nueva prueba, quizá decisiva, quizá irrelevante, sólo contribuye a mantener esas teorías en el terreno impune de la especulación incontrolada que, con total desparpajo, acusa, sin solución de continuidad, a los servicios secretos marroquíes, a ETA, a los servicios de inteligencia del Estado y a una conjura de policías y guardias civiles. Teorías hechas de forma que no admiten verificación alguna, pero que han dañado gravemente al PP al instalar en la opinión pública la falsa ecuación de que el Gobierno de Aznar salva su responsabilidad política sólo si aparece ETA por medio, como si la autoría islamista fuera en prueba de una supuesta culpa del PP por el atentado, cuando lo cierto es que gracias a su gestión policial posterior al 11-M hoy se está celebrando este juicio con la amplitud de acusados y pruebas que presenta.
En todo caso, quienes con tanto empeño reprochan a ciertos mandos policiales el miedo a que ETA aparezca en el juicio del 11-M, deberían ahora ejercer su censura con igual rigor sobre la inmoral decisión de Díaz de Mera de hacer exactamente lo mismo, es decir, evitar que la Justicia pueda saber si ETA tuvo o no algo que ver. Por cierto, que no estaría de más que Ángel Acebes, secretario general del PP y en marzo de 2004 ministro de Interior, se pronunciase sobre el inaceptable silencio del que fue responsable de la Policía bajo su mandato.