Diaz de Mera debe decir ahora lo que sabe

Díaz de Mera debe decir ahora lo que sabe
Elsemanaldigital.com

30 de marzo de 2007. El eurodiputado del PP Agustín Díaz de Mera, que era director general de la Policía el 11 de marzo de 2004, protagonizó anteayer una escena poco habitual en la democracia española. En su declaración como testigo ante el tribunal que juzga a los acusados por los brutales atentados en los trenes de Atocha, Díaz de Mera dijo haber dispuesto de un "informe con indicios y pruebas de conexiones entre islamistas y ETA en número significativo". Requerido por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, para que revelase el nombre de su informador, se negó a hacerlo, aduciendo razones de seguridad para el autor del informe. En todo momento el testigo y el juez mantuvieron una actitud serena y emplearon formas de absoluta corrección.Ya en 2006, durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación sobre el 11-M, Díaz de Mera había expuesto su convicción de que hubo una relación entre ETA y los atentados, así como entre el terrorismo abertzale y los terroristas islámicos. Para el ex director general de la Policía, además, en marzo de 2004 se produjo un desvío de información oficial al PSOE, que permitió la manipulación electoral previa al 14-M. Tampoco entonces Díaz de Mera reveló los nombres de sus informantes.Ahora, en un contexto judicial y no político, Gómez Bermúdez ha abierto proceso al testigo por desobediencia al Tribunal, de acuerdo con el artículo 716 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y le ha impuesto una multa de 1.000 euros. El suceso, en medio de la incesante polémica periodística por el 11-M, ha suscitado opiniones encontradas en la sociedad española.Díaz de Mera quiso proteger a quien le comunicó esa información, ya que para él "la fuente es policial, es acreditada, fiable y honesta y no puede revelar esa fuente". Hay miedo, qué duda cabe, a las repercusiones políticas de una información de esa naturaleza. Sin embargo, Díaz de Mera no tenía elección el miércoles ni hoy la tiene.Un testigo no es libre de ocultar parcialmente la información que posee al Tribunal que juzga, y Díaz de Mera es menos libre que nadie en este sentido. Si un ciudadano común podría ser comprendido en sus dudas, pero en todo caso estaría obligado a revelar al juez la información completa, con más razón tiene ese deber una persona que tenía en 2004 altas responsabilidades políticas y de seguridad y que hoy desempeña un mandato representativo elegido por los ciudadanos. Callar no es una opción sino un delito, por difícil que sea hablar y por complejas que puedan ser las consecuencias.Esta no es la opinión de los adversarios políticos de Díaz de Mera, sino la del presidente de su partido, Mariano Rajoy, para quien el ex director general de la Policía "debe colaborar con la Justicia". No se trata ya de una u otra teoría sobre el 11-M o de los intereses de partido, sino de un bien mayor que precisamente algunas actuaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero han puesto en peligro y que el PP trata de defender: el correcto funcionamiento de la Justicia. Por el bien del Estado de Derecho, para demostrar su vigencia y para que nadie tema declarar la verdad ante los tribunales, Díaz de Mera debe hablar. Si calla será una mala noticia para todos, independientemente de qué tenga que decir.