Imparable gasto sanitario

miercoles 28 de marzo de 2007
Imparable gasto sanitario
ES evidente que las reivindicaciones salariales y las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios deben conjugarse con la gestión eficaz de los recursos públicos. Sobre todo, las administraciones competentes tienen que ejercer sus funciones con la máxima eficiencia: en este sentido, la última conferencia de presidentes celebrada en el Senado fue una buena prueba de que las cosas no funcionan bien y que se genera demasiado déficit sanitario. Son muy negativos los datos que hoy publica ABC acerca de la evolución del gasto en este ámbito. Según un informe privado de reconocida solvencia, dicho gasto ha crecido de forma alarmante en los últimos años y se ha disparado en los tres anteriores, con incrementos del 10 por ciento anual. Aunque en menor proporción, también el gasto farmacéutico sube más de lo razonable.
Es lógico que muchos ciudadanos tengan la impresión de que los poderes públicos gastan de forma inmoderada y de que los recursos humanos y materiales no están bien aprovechados. La formación del personal sanitario en sus diferentes niveles es larga y costosa, y la dotación de nuevas tecnologías en nuestros hospitales no siempre se aprovecha al máximo de sus posibilidades. En definitiva, las cosas podrían hacerse mucho mejor si las administraciones implicadas estuvieran dispuestas a prescindir de gastos superfluos y a optimizar los cuantiosos recursos que manejan.
En este escenario complejo se enmarca el acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y los MIR, facilitado por convenios previos en materia salarial con los comunidades autónomas. La racionalización de los periodos de guardia y de descanso, los seguros de responsabilidad civil y la situación de las profesionales durante el embarazo eran cuestiones pendientes respecto de las cuales se ha producido el acercamiento entre las partes. Convendría, sin embargo, que las discrepancias no se llevaran a niveles que crean alarma social entre los usuarios de la sanidad. La preocupación por la actitud rígida del departamento que dirige Elena Salgado y la campaña informativa sobre el exceso de horas de trabajo ha producido un profundo malestar en un sector que depende decisivamente de la confianza entre médicos y pacientes. El derecho a la salud está reconocido por el artículo 43 de la Constitución y se impone como un mandato a los poderes públicos. Esta vez, Elena Salgado ha logrado evitar un choque frontal con otro de los sectores que le corresponde administrar, pero la opinión pública tiene la sensación de que ciertas decisiones dependen en exceso de la presión de los interlocutores y de la proximidad de las convocatorias electorales. Los MIR, sin duda, tenían gran parte de razón, y sus quejas estaban más que justificadas. No obstante, es mala señal que el Ministerio competente sólo escuche cuando alguien utiliza la palabra «huelga», mientras que el dinero público destinado a Sanidad parece que nunca tiene límites.