Pulso al Estado de Derecho

miercoles 28 de marzo de 2007
Pulso al Estado de Derecho

El pulso que ETA y Batasuna libran con el Gobierno y con las instituciones del Estado de Derecho está aproximándose a un momento decisivo, fijado por la convocatoria de los comicios municipales y forales del 27 de mayo. Por ahora, todo apunta a que la izquierda abertzale pretende concurrir a las elecciones sin atenerse a lo dispuesto en la Ley de Partidos y en las sentencias de ilegalización de Batasuna o de impugnación de sus candidaturas. Así lo refleja la presentación ante el registro correspondiente del Ministerio de Interior de un partido denominado Abertzale Sozialisten Batasuna en nombre de Marije Fullaondo, miembro de la Mesa nacional de la formación proscrita y quien encabezó la lista Herritarren Zerrenda para las últimas elecciones europeas que acabó anulada por continuidad con sus predecesoras. Sea cual sea la intención final que la izquierda abertzale alberga con la inscripción del nuevo partido, el inquebrantable propósito de no enmendarse está vivamente presente en su discurso, sin que haya mediado por su parte un gesto nítido e incontestable de desmarcarse del terrorismo como le exige la gran mayoría de los ciudadanos llamados a votar y la propia Ley. El Gobierno está obligado ahora no sólo a verificar escrupulosamente si el partido recién inscrito puede haber incurrido en las causas previstas para la no admisión, sino también a evitar que la izquierda abertzale haga de nuevo luz de gas con una formación manifiesta y burdamente ilegal para escudarse luego en otras siglas, como ya ocurrió con Aukera Guztiak y EHAK en las últimas autonómicas vascas, o con la promoción de agrupaciones electorales.Siguiendo 'la letra y el espíritu' de la Ley de Partidos, a los que recientemente se ha referido el presidente del Gobierno, la eventualidad de que la izquierda abertzale pueda presentarse a las elecciones depende de que rechace explícitamente la violencia o de que ETA renuncie definitivamente al terrorismo. Éste, y no otro, es el orden de los factores democráticos. Pero parece indudable que el terrorismo etarra pretende trastocar ese orden transfiriendo al Gobierno y al Estado de Derecho la responsabilidad de favorecer el desarme de ETA mediante la previa legalización de la izquierda abertzale. Son los términos del chantaje al que la trama terrorista intenta someter a las instituciones y a la propia sociedad. Sería un error que, en su intento por atajar en el camino hacia la paz, Rodríguez Zapatero barajara la posibilidad de acceder a la demanda etarra cambiando el orden de los citados factores democráticos. Y plantearse facilitar el concurso electoral de la izquierda abertzale considerando que con ese gesto se podría conseguir, si no el final definitivo de ETA, sí una especie de disuasión moral de los terroristas y su inactividad en el corto y medio plazo. Si ante la terquedad chantajista de ETA el Gobierno optara de nuevo por la teoría del mal menor y se aprestara a propiciar que la izquierda abertzale recupere la legalidad y el espacio institucional de que antes dispuso, incurriría en un riesgo de tal calibre que cuando menos debería calificarse de irresponsable. Porque lo relevante no es que la izquierda abertzale esté mostrando su deseo de presentarse a las elecciones, sino que no está ofreciendo ninguna prueba de que lo quiera hacer con arreglo a las exigencias del Estado de Derecho. Lo decisivo es que no quiera volver a dar cobertura, desde la legalidad, a lo que ETA diga y haga. Sobre todo cuando, una y otra vez, ha quedado demostrado que ETA no puede ser acreedora del más mínimo crédito por parte de las instituciones. Tampoco se puede descartar que los designios etarras apunten más a la reactivación de su violencia que a un paulatino desistimiento.En el debate celebrado ayer en el Congreso, quienes en mayo de 2005 aprobaron la resolución que dio pie a la iniciativa emprendida por el presidente Rodríguez Zapatero en favor de un desenlace dialogado de la violencia, si ETA renunciaba a las armas, volvieron a ratificarse en su enunciado, al votar en contra de la propuesta de derogación planteada por el Partido Popular. Lleva razón el PP cuando considera que las exigencias contenidas en la resolución no han sido cumplidas por ETA, sino todo lo contrario. El Gobierno no está en condiciones de aseverar otra cosa. Y aunque el acuerdo mantenga su vigencia parlamentaria, es una evidencia que fue la propia organización terrorista la que lo revocó 'de facto' al asesinar a dos personas el pasado 30 de diciembre en el brutal atentado de la T-4. Ante esa constatación, el pleno de ayer sólo sirvió para añadir un nuevo episodio en el desencuentro que separa a los dos grandes partidos y que resulta aún más pernicioso ante el desafío que va a suponer para las instituciones del Estado de Derecho la voluntad de la izquierda abertzale de concurrir a los comicios sin renunciar, por sus gestos hasta la fecha, a sus objetivos tradicionales.