Un Gobierno descompuesto

jueves 8 de marzo de 2007
Un Gobierno descompuesto
EL presidente del Gobierno confirmó ayer, en la sesión de control en el Senado, que la respuesta a la indignación popular por la excarcelación del etarra De Juana Chaos va a ser una revisión manipuladora del pasado para intentar demostrar ahora que José María Aznar también cedió ante ETA. José Luis Rodríguez Zapatero no podía haber hecho peor apuesta, pero quizá la elección de esta táctica, políticamente suicida, se explique por el grado de nerviosismo y desconcierto que atenazan al PSOE y a su Gobierno ante las dimensiones del error cometido con De Juana. Lo peor es que esto no ha hecho más que empezar, a la vista de que el propio jefe del Ejecutivo dejó en el aire la gravísima insinuación de que el sanguinario Iñaki Bilbao pudo asesinar a un concejal socialista en 2003 gracias a que, estando el PP en el gobierno, ese etarra fue excarcelado en 2000 después de pasar diecisiete años en prisión sobre una condena total de 52. Si Rodríguez Zapatero o cualquier miembro de su Gobierno persevera en esta forma de responder a la ofensiva política de la oposición, el resultado va a ser una escalada verbal de consecuencias imprevisibles. Por lo pronto, el PSOE ya se está arriesgando a enfrentarse con su propio pasado, del que también forman parte los trece años ininterrumpidos de gobierno en los que no modificó el sistema de beneficios penitenciarios -es más, lo confirmó en la reforma penal de 1983 y lo suprimió en 1995-, ni reformó los criterios de aplicación de la libertad condicional, ni de ejecución de las condenas para garantizar su cumplimiento íntegro.
En todo caso, el Gobierno parte de un error de percepción que va a condenar al fracaso su estrategia de crispación. La sociedad española tiene interiorizada la certeza de que la política antiterrorista del PP fue la más eficaz de toda la democracia, que se ejecutó siempre con escrupuloso respeto al Estado de Derecho y, sobre todo, que se basó en la firme decisión de no ceder al chantaje terrorista. Intentar convencer a la opinión pública de lo contrario, es decir, de que Aznar se plegó a ETA y benefició arbitrariamente a etarras como Iñaki Bilbao o De Juana Chaos, es el síntoma más evidente de la incipiente desesperación del Gobierno y del Partido Socialista ante una reacción cívica que los desborda y deja sin argumentos políticos. Las decisiones sobre beneficios penitenciarios venían obligadas por la legislación aplicable a los casos de esos etarras y eran intervenidas directamente por los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En cambio, la excarcelación de De Juana Chaos ha sido una decisión discrecional del Gobierno, basada en un simple cálculo de las necesidades del proceso de diálogo con ETA, y sólo es imputable a la voluntad personal de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero no es este debate sobre la legalidad de las decisiones lo que ahora importa a Rodríguez Zapatero. Tampoco es, desde el punto de vista del PP, lo más importante para liderar la movilización social que tomará cuerpo el próximo sábado en Madrid. La finalidad inmediata de esta estrategia de discordia cívica promovida por el Gobierno es provocar reacciones descontroladas en la sociedad, imputarlas a la «extrema derecha» y así señalar al PP como un partido extremista para evitar que recabe el apoyo de los votantes moderados del PSOE. Por eso, este es el momento en que la derecha española debe evitar caer en las provocaciones de la izquierda, porque es exactamente lo que buscan estas acusaciones retrospectivas que ahora practica el PSOE. La sociedad española -no sólo la derecha democrática- se enfrenta a una situación política muy delicada. La polarización que está azuzando el Gobierno para mantener cohesionados a los segmentos más extremistas de la izquierda no debe encontrar reflejo en los sectores de la sociedad que aspiran a una nueva forma de gobernar España, con acuerdos de Estado, con políticas de consenso y con objetivos comunes para la nación.