viernes, marzo 16, 2007

De individuos a cuotas

17-III-2007
De individuos a cuotas
EDITORIAL

Si el 78% de los contratados a tiempo parcial y el 96% de quienes se retiran del mercado laboral son mujeres, resulta imposible no concluir que las elecciones personales de unos y otras tienen un peso importante en sus carreras profesionales.

No cabe duda de que Zapatero es un genio del marketing. O lo sería si no fuera porque la adhesión inquebrantable de todas las televisiones le deja las cosas bien fáciles. Así, tras la aprobación de la ley contra la violencia de género y ahora con la ley de igualdad, podría parecer a un espectador despistado que entre la lucha de Clara Campoamor por el sufragio universal y esta legislatura nada se ha avanzado con respecto a los derechos de las mujeres. Nada más lejos de la realidad.
El único cambio legislativo realmente importante durante estas décadas fue la aprobación de esa misma Constitución que tanto desprecia el socialista, y que en su artículo 14 declaraba la igualdad de todos ante la ley, sin que se pudiera discriminar a nadie por, entre otras cosas, su sexo. No obstante, con el paso de los años, y al igual que sucediera en otros países como Estados Unidos, se ha pasado de considerar que el Estado debía limitarse a garantizar esa igualdad ante la ley a que debía destruirla para procurar que se impusiera una "igualdad real", basada en proporciones numéricas.
Así hemos llegado a la imposición por ley de cuotas del 40% de cada sexo en listas electorales y consejos de administración de empresas. El efecto práctico será similar al que el Gobierno de "la paridad" ha establecido: muchas ministras pero muy pocas mujeres en los escalones inferiores. Lo mismo sucederá en las empresas, que verá como se incrementan las mujeres en sus consejos de administración mientras bajan en otros puestos directivos. Es un efecto que se repite en todos los países donde se impone la muy mal llamada "discriminación positiva". Quienes se benefician de ella son aquellos que, dentro del grupo favorecido, ya estaban antes en buena posición.
Habrá todo tipo de dificultades prácticas a la hora de cumplir con esta ley. La anécdota que ha relatado Ángel Acebes sobre la candidatura popular por Garachico, formada por dieciséis mujeres, palidece ante la categoría que supone la confección de las listas en el País Vasco. Si ya era complicado completarlas ante las amenazas que sufren sus integrantes, ¿podrá hacerse ahora que se exige mirar el sexo?
Además, a cambio de las parcas mejoras que promete esta ley, muchas mujeres empezarán a ver sus logros bajo sospecha, pues ya no volverá a haber seguridad de que están donde están por sus propios méritos, y no por los deméritos de esta ley de igualdad que las feministas han acogido tan calurosamente. Es la consecuencia inevitable de dejar de tratar a los españoles como individuos a pasar a considerarlos parte de una cuota.
Incluso las medidas menos polémicas de la nueva ley, como las mejoras en permisos de paternidad y maternidad, tienen consecuencias negativas. En un país que, como el nuestro, padece de unos costes laborales que se encuentran entre los más altos de entre las naciones desarrolladas, no parece que incrementarlos aún más vaya a ser positivo para la evolución del paro. El efecto, no obstante, será posiblemente pequeño, y sin duda muchos pueden considerar que merece la pena. Pero no estaría de más que se complementara con una reforma laboral que redujera por otras vías el coste que tiene para los empresarios contratar a un trabajador en España.
En definitiva, esta ley, como la de violencia de género, tendrá consecuencias negativas por muy hermosos que suenen sus fines. Está basada en el dogma de que las diferencias entre hombres y mujeres son debidas a la discriminación, y como el dogma es falso, la ley no funcionará. Si el 78% de los contratados a tiempo parcial y el 96% de quienes se retiran del mercado laboral son mujeres, resulta imposible no concluir que las elecciones personales de unos y otras tienen un peso mucho más importante a la hora de evaluar sus carreras profesionales. Una realidad que ninguna ley, y menos ésta, va a cambiar.

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