Jose Melendez, Vuelven los "corrutos"

jueves 10 de mayo de 2007
Vuelven los ‘corrutos’
José Meléndez
L A corrupción fue el factor principal que hundió al gobierno socialista de Felipe González, poniendo un feo broche a una dilatada etapa de nuestra Transición que tuvo bastantes mas luces que sombras en su conjunto y aunque hace tiempo que dejó de ocupar los primeros lugares en los baremos que miden las inquietudes y preocupaciones ciudadanas, es un tema recurrente en los períodos electorales, que los partidos manejan conforme le vaya mejor a sus intereses. En estos días previos a las elecciones municipales, forales y autonómicas del próximo mes de mayo, se han producido tres hechos, dos de los cuales son una prueba irrefutable de adonde pueden llegar unos políticos desaprensivos con tal de asestar un golpe dañino al adversario en los momentos en los que el electorado está comenzando a pensar la dirección que le dará a su voto: el fallo de la Audiencia Nacional sentenciando que no hubo ningún tipo de delito en el sonoro caso del “fraude del lino” denunciado y alimentado por el entonces presidente autonómico de Castilla La Mancha, José Bono, en vísperas de las elecciones de 1.993 y el rechazo del Juzgado de Instrucción de Melilla a la denuncia de fraude electoral interpuesta por el PSOE contra el Partido Popular melillense que había encargado a una imprenta impresos de solicitud de voto por correo. En el caso del lino, la sentencia dictada ocho años después de iniciarse el proceso, llega demasiado tarde para tres de los acusados, porque tanto Loyola de Palacio, a la sazón ministra de Agricultura como Carlos Moro ex delegado del gobierno en Castilla la Mancha y la esposa de éste están muertos, pero para los otros 15 acusados que siguen vivos, con Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo de Garantía Agraria al frente, la absolución significa dejar sus nombres limpios y poner en evidencia la falsedad de la trama urdida por el PSOE en torno a una delictiva apropiación de los fondos comunitarios que la Unión Europea destina a subvenciones para el cultivo del lino. Según unas recientes declaraciones de López de Coca en la prensa, la trama fue ideada y llevada a cabo por José Bono con la colaboración del fiscal Carlos Martínez Villarejo, que dirigía la Fiscalía Anticorrupción y del juez Baltasar Garzón contra el que López Coca planea querellarse por prevaricación, pues su instrucción fue tan irregular que el tribunal lo dejó fuera de la causa el primer día del juicio. El caso de Melilla es actual y a pesar de las frases hirientes y los gestos escandalizados de Pepiño Blanco y otros dirigentes socialistas al denunciar lo que calificaron de “intento rechazable de pucherazo electoral”, el Juzgado ha sentenciado que no hay tal delito y ha sobreseído la causa, dejando a los acusadores con el antifonario al aire. Sabido es el empeño de Pepiño Blanco de acusar de “corrutos” a los del PP a la más mínima oportunidad y de sus constantes afirmaciones de que esa especie ya está extinguida en las filas socialistas. Pero como los hechos son tercos, ahora resulta que sale a la luz un caso de corrupción por sobornos para cobrar comisiones a cambio de favores inmobiliarios en Ibiza y que el nombre del propio Pepiño está mezclado en el asunto. Y la denuncia parte precisamente de un ex vicepresidente y dos ex concejales del PSOE en Ibiza, que exhiben una batería de cintas con conversaciones comprometedoras, en las que se habla y se imparten órdenes para el cobro de comisiones a una empresa constructora que, curiosamente, lleva trabajando quince años en municipios regidos por el PSOE y era la favorita de las suculentas concesiones que hacía Luis Roldán cuando se aprovechaba en beneficio propio de su cargo de director de la Guardia Civil. La reacción del PSOE a este nuevo caso de supuesta corrupción tiene esta vez un matiz original, porque además de echarle la culpa al PP como parece obligatorio, culpa también a las mafias del crimen organizado, como si los descendientes de Al Capote se hubieran dado una vuelta de vacaciones por las islas pitusas. Así se expresó el responsable de Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, -el que, no hace mucho, afirmó que Batasuna no concurriría a las elecciones municipales ni vestida de lagarterana- al salir en defensa de Pepiño Blanco, asegurando que “es una maniobra del crimen organizado para desprestigiarlo”. El propio Blanco, que se fue a Ibiza a agarrar el toro por los cuernos, fue mas concreto y culpó a la “poderosa influencia de Abel Matutes en Ibiza” de lo que considera que es una manipulación generada por unos ex concejales socialistas despechados y aprovechada por el PP, que hasta ahora se ha limitado a pedir explicaciones sobre el caso. Es un hecho cierto que la corrupción ha vuelto en estos tres últimos años a la política española, con casos tan ruidosos y evidentes como Marbella y Ciempozuelos. Es cierto también que los dos grandes partidos políticos –y algunos pequeños- se cruzan acusaciones en este sentido. Y es cierto también que los que están procesados y están o han estado encarcelados por esos delitos pertenecen al PSOE. Antes y ahora. Son, por lo tanto, los socialistas, los que tienen que hacer una honesta y severa revisión de sus políticas municipales y una cuidada selección de las personas que ponen en situación de disponer del dinero público, en vez de limitarse a culpar al bando contrario. El candidato a la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, lleva desde que se quedó compuesto y sin presidencia por culpa del “tamayazo” acusando al Partido Popular de una “trama inmobiliaria” en la Comunidad y hasta ahora, en estos tres años, la única trama, y bien grande, que se ha probado es la de los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos. Desde que los maletines alemanes de Flick circulaban entre el partido Socialdemócrata alemán y el partido que un entonces melenudo y joven Felipe González luchaba por ponerlo a la cabeza de la oposición democrática, el historial del PSOE está lleno de casos de corrupción, la mayoría de las veces protagonizados por personas para su propio beneficio, como Rafael Vera, Luís Roldán o el navarro Irralburu, pero también por el afán de conseguir una financiación añadida del partido por cauces fuera de la legalidad, como el caso de Filesa, el Ave o los manejos de un Galeote que desapareció de la política llevándose la llave de su despacho en Ferraz, en el que nunca pudo entrar un juez, no sin antes recomendar que lo que había que hacer era “comenzar a repartir h...”. Y eso ha de cambiarse. Rodríguez Zapatero, que hace un par de semanas sin ir más lejos prometió luchar contra la corrupción “venga de donde venga”, debe darle a esa promesa todo el valor que representa para la buena salud democrática de nuestro país y no dejarla reducida a una mas de sus frases biensonantes sin mas consecuencias que su demagógico eco.