Un fiscal general sin palabras

martes 15 de mayo de 2007
Un fiscal general sin palabra
LA mejor garantía que tiene Acción Nacionalista Vasca de que no va a ser ilegalizada es el anuncio hecho ayer por la Fiscalía de Conde-Pumpido. Sin recato alguno, el fiscal general se ha negado a sí mismo en menos de veinticuatro horas. El domingo afirmaba a un medio de comunicación que si los dirigentes de Batasuna «se manifiestan de manera que ANV es su opción, naturalmente este comportamiento podría ser un indicio adicional para su futura ilegalización». Después de que el batasuno Pernando Barrena anunciara formalmente la petición de voto para ANV, la condición puesta por el fiscal general se había cumplido, porque ya había más indicios de su absorción por ETA/Batasuna (como han dejado claro tanto el Constitucional como el Supremo), y sólo cabía esperar de Conde-Pumpido que se atuviera a su palabra. Nada de esto.
El fiscal general ha hecho lo mismo que hizo con el Partido Comunista de las Tierras Vascas: primero, poner condiciones para plantear su ilegalización y, luego, una vez cumplidas esas condiciones, añadir otras nuevas para hacer insuficientes las anteriores. Y así, hasta el infinito con tal de no privar a ETA de sucursales en las instituciones y evitar que el Gobierno quedara en evidencia en sus negociaciones o compromisos con los terroristas. El resultado es lo que cuenta y los etarras siguen en el Parlamento vasco, de donde pudieron haber sido expulsados en 2005, y ahora van a volver a los ayuntamientos.
El Estado de Derecho funciona cuando las instituciones encargadas de velar por él son leales con el mandato constitucional de aplicar las leyes. Conde-Pumpido es el fiscal general del Estado, no el abogado de La Moncloa. Su legitimación reside, por supuesto, en su nombramiento conforme al artículo 124 de la Constitución, pero también en el ejercicio de sus funciones conforme a lo que ordena este precepto. Y no lo está haciendo, no está siendo leal con la Constitución ni con el Ministerio Fiscal. La Fiscalía -particularmente la de la Audiencia Nacional- ha sido siempre la vanguardia de la lucha contra el terrorismo y a esta tarea se entregan con ejemplar entereza muchos fiscales, quienes, si no hacen más, es porque el Ministerio Fiscal está coartado por la servidumbre política que ha constituido Conde-Pumpido para que por ella pasen las exigencias de impunidad que demanda ETA al Gobierno.
El blindaje a ANV es sólo la gota que colma el vaso, ya repleto después de la indigna excarcelación de De Juana Chaos y de la absolución regalada a Arnaldo Otegi, precedidas de tantas tomas de posición en contra de medidas cautelares contra dirigentes batasunos que, a pesar de la sentencia de ilegalización, siguen haciendo política en nombre de Batasuna. En ocasiones como ésta, al Estado le hace falta -tanto como leyes, jueces y pruebas- un fiscal general con palabra. Lo primero, lo tenemos. Lo segundo, después de su súbita rectificación, parece que no.