Pompido reconoce que tiene dudas y quizá "se ha ido demasiado allá" contra ANV

viernes 18 de mayo de 2007
Pumpido reconoce que tiene dudas y quizá «se ha ido demasiado allá» contra ANV
NIEVES COLLI
MADRID. De nuevo las palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, provocaron ayer una tormenta política a cuenta de la actuación de la institución que dirige contra Acción Nacionalista Vasca (ANV). En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Conde-Pumpido quiso explicar el «porqué» y el «cómo» la Fiscalía se quedó en la impugnación parcial de las listas de ese partido sin pedir su ilegalización y sus palabras sonaron a justificación tanto ante las críticas del Partido Popular como ante el propio mundo de ETA/Batasuna.
Tras expresar su «orgullo» por el trabajo del Ministerio Público y calificar de «éxito rotundo» la anulación de 133 listas de ANV y 251 candidaturas de agrupaciones electorales de Abertzale Sozialistak (AS), así como la prohibición a Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB) para que se registre como partido político, Conde-Pumpido admitió que tiene dudas sobre si la Fiscalía «ha ido demasiado allá», pues hay pueblos en los que prácticamente no ha quedado ninguna candidatura de lo que se conoce como «izquierda abertzale». Es decir, de los tradicionales votantes de Batasuna.
«Ha colado»
Pese a esa incertidumbre, el fiscal general aseguró que se siente tranquilo porque al final «ha colado» y sus peticiones han recibido el respaldo tanto del Tribunal Supremo («sé lo que decía el auto, porque lo he leído (...), y no leí en él ni reproches ni sugerencias ni censuras») como del Tribunal Constitucional.
Conde-Pumpido no ahorró críticas -aunque evitó mencionar a personas con nombres y apellidos o partidos políticos concretos- hacia quienes, en su opinión, pretendían una aplicación forzada de la Ley de Partidos Políticos para obtener sin pruebas, y sólo en base a sospechas y conjeturas, la ilegalización de ANV. «Y lo siento mucho, pero las sospechas y las conjeturas, que desde luego pueden constituir el objeto legítimo del debate político, no sirven delante de un tribunal», aseguró.
En su opinión, hay muchas personas que interpretan la Ley de Partidos «como una especie de Guantánamo electoral» que debe prohibir cualquier opción política a la «izquierda abertzale». «Me sorprende escuchar cada día en el debate público -aseveró-, opiniones que parecen concebir el Estado de Derecho justo al revés de lo que debe ser. Como si fuera una especie de garrote. Un palo romo con el que emprenderla a mamporros contra todo lo que se mueva a nuestro alrededor y, más o menos, no nos guste». Y añadió: «Me niego a aceptar que en nombre de la ley se pueda hacer todo lo que políticamente nos interese».
Conde-Pumpido defendió que con la actuación de la Fiscalía sólo contra las listas de ANV que se habían visto contaminadas por Batasuna, sólo contra aquellas candidaturas sobre las que, dijo, se pudieron reunir pruebas, «ha funcionado el bisturí, no el garrote. Hemos extirpado el cáncer sin hacer daño al paciente». «Y créanme -sentenció- que han acusado el golpe».
El fiscal general empleó varios minutos en defender que no puede instarse la ilegalización de ANV por el hecho de que Batasuna apoye o pida el voto para este partido. Hacen falta otra serie de indicios. «No es posible impedir que quienes no pueden votar a sus propias listas, porque han sido anuladas, concentren su voto en opciones ideológicamente próximas respecto de las que no hay pruebas suficientes para estimar que han quedado fuera de la ley». «Podemos impedir que voten a Batasuna -insistió- pero naturalmente pueden votar a un partido de su ámbito ideológico (como ANV) porque la Ley de Partidos no persigue ideologías».
El fiscal general reconoció que «eso es lo que queríamos», que dirigieran su voto hacia «un partido que repudia la violencia». Con una teoría que recordó a la defendida hace pocos días en el Congreso por los representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Conde-Pumpido insistió en que «lo que queremos es atraerlos a la democracia, no expulsarlos». Porque la tan citada Ley de Partidos «no establece que los 150.000 votantes de Batasuna no puedan ejercer su derecho al voto». «Eso sería empujarles hacia la violencia y lo que la ley quiere es traerlos a la paz».
Acto seguido, el fiscal general del Estado aseguró que la institución que dirige sólo ha aplicado criterios jurídicos en su actuación, ya que «hablamos de Derecho, no de política, y son las sentencias las que nos marcan el camino».
Proceso «enterrado»
También negó que haya seguido instrucciones del Gobierno dirigidas a evitar que una hipotética ilegalización de ANV perjudicara el «proceso de paz», del que aseguró que «está enterrado» desde el atentado de ETA contra la T4 del aeropuerto de Madrid. «En absoluto -afirmó-. Como fiscal general del Estado tengo unos criterios claros, siempre basados en la ley, y agradezco al Gobierno su respeto hacia mi actuación».