La junta electoral debe intervenir

miercoles 23 de mayo de 2007
La junta electoral debe intervenir
EL Partido Popular ha denunciado que el «macrobotellón» convocado en Granada a partir de la madrugada del viernes al sábado, es decir, en la jornada de reflexión, es una iniciativa del PSOE. La denuncia no es gratuita -y se teme en la sede popular que algo similar se esté preparando en Madrid-, porque se ha comprobado notarialmente que la convocatoria fue introducida en una página del PP desde una dirección de internet que está registrada a nombre de los socialistas. Aunque el PSOE ha rechazado su responsabilidad por esta iniciativa, no se puede negar lo evidente y su obligación es aclarar quién ha hecho la convocatoria, porque, para más señas, el ordenador empleado está localizado en la sede regional del PSOE. Nadie ha dicho que se trate de una decisión tomada por la dirección de este partido, en cualquiera de sus niveles, por lo que no tiene sentido que la respuesta de los socialistas andaluces sea cargar contra el PP, al que atribuyen, siendo suya la responsabilidad de la convocatoria, «la campaña más sucia de la historia». Si el PSOE cree que la denuncia es falsa, debe acudir a los tribunales para defenderse. Y si no acude a los tribunales, debe asumir su responsabilidad, porque lo que se ha hecho desde uno de sus ordenadores es un clara incitación a violar la jornada electoral con la intención de perjudicar al candidato del PP a la alcaldía de Granada, José Torres Hurtado.
Después de la agitación antidemocrática que se vivió el 13 de marzo de 2004, no se pueden tolerar más vulneraciones de la legalidad electoral. Las correspondientes Juntas Electorales deben permanecer alertas. A lo largo de esta campaña, y aparte del acoso que practica la izquierda proetarra, las sedes del Partido Popular han sido nuevamente objeto de ataques y amenazas, como en anteriores comicios. Por tanto, no hay nada casual ni aislado en convocar un «macro botellón» en Granada contra el candidato popular, como no lo fueron los incidentes en las sedes populares el 13-M. Se trata de mantener un estado de crispación en torno al PP, que desde el PSOE se alimenta tanto con la acusación de que este partido es «la derecha más radical y extrema de toda Europa» y como con la ausencia de condenas explícitas a los ataques que sufren los candidatos populares. Es indudable que el PSOE teme verse desfavorecido por la abstención que se pueda producir el próximo domingo y parece convencido de que la única manera de combatirla es azuzar dialécticamente un estado de enfrentamiento que movilice a los votantes más radicales y repita la estrategia empleada en la jornada de reflexión de las elecciones generales de 2004. No hay por qué sorprenderse de que algunos destinatarios de ese mensaje se crean legitimados para agredir a un partido tachado de ultraderecha.
Sea cual sea la rentabilidad electoral que pueda obtener el PSOE de episodios como los del «macrobotellón», no cabe duda de que la violencia verbal y física contra el PP se ha convertido en una degradación de la legítima disputa entre los partidos, lo que amenaza a la integridad misma del sistema democrático, pues lo que se está quebrando es la vigencia de unas reglas de juego sin las cuales la captación del voto queda sumida en la ley de la selva.
Los únicos actos de violencia e intimidación que se producen en campaña desde 2003 están protagonizados por sectores de la izquierda y del nacionalismo radical. Las alarmas ante la «derecha extrema» son, por tanto, un ejercicio de cinismo por parte del PSOE, que no duda, cuando le conviene, en apoyarse electoral y políticamente en lo más extremista de cada comunidad, y en tratar con más benevolencia a Batasuna que al PP. Los socialistas parecen ignorar que la responsabilidad de todo partido es repudiar cualquier acto ilegal que restrinja las libertades políticas, sean las suyas o las de sus contrincantes. El fin nunca justifica los medios. Ganar al PP no justifica que todo valga contra este partido.