El fiscal general de estado se disculpa ante ETA

viernes 18 de mayo de 2007
El fiscal general se disculpa ante ETA
CONDE-Pumpido se ha inhabilitado para seguir siendo fiscal general del Estado. Sus declaraciones de ayer, en las que se preguntaba «si no hemos ido demasiado allá» al ilegalizar las agrupaciones de electores de Abertzale Sozialistak y las candidaturas de Acción Nacionalista Vasca, parecen pedir perdón a ETA por haber aplicado la Ley de Partidos Políticos. El fiscal general ha perdido el norte en el ejercicio de sus funciones. Su adhesión política a Rodríguez Zapatero le ha llevado a una confusión absoluta de su responsabilidad, de manera que sus decisiones y manifestaciones están más orientadas a apoyar el proyecto personal del presidente del Gobierno en la negociación con ETA que a cumplir lealmente con la tarea que le encomienda la Constitución. Cuestionar ahora «si no hemos ido demasiado allá» no sólo es un revés a la propia Fiscalía que él dirige -¿acaso insinúa que han acusado sin pruebas a ANV y a las agrupaciones de electores de AS?-, sino también una desautorización al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, que aceptaron la demanda del fiscal, a pesar de sus flagrantes irregularidades procesales y materiales.
El razonamiento de Conde-Pumpido no es, sin embargo, jurídico, sino político, como todos los que aplica el fiscal general del Estado cada vez que debe tomar una decisión que afecta a la izquierda proetarra y al proceso de negociación que apadrina su mentor, el presidente del Gobierno. Conde-Pumpido está enviando a ETA a un mensaje claudicante, el del arrepentimiento por haber ido más allá de lo oportuno, quizá de lo pactado en la reunión celebrada entre los etarras y los delegados del Gobierno en abril pasado, cuando ambas partes abordaron los atajos electorales de la banda terrorista. Nunca antes la legalidad democrática había estado en manos tan inseguras como las del fiscal general, quien ha cometido la temeridad de poner en duda la actuación de su propia institución y la legalidad de sentencias sucesivas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y no conforme con dudar de su propia demanda contra ANV y AS, asumió Conde-Pumpido una crítica brutal contra la Ley de Partidos Políticos, mostrando su preocupación porque haya personas que consideren esta ley como un «Guantánamo electoral» que deja a 150.000 votantes sin opción electoral. Ésta es exactamente la doctrina de la izquierda abertzale, pero que sea el fiscal general quien se haga eco de esta descalificación a la ley que más daño ha hecho a ETA y a sus entramados políticos es la prueba de que Conde-Pumpido ha asumido hasta sus últimas consecuencias que hay que sacrificar al Ministerio Fiscal con tal de salvar la cara política del presidente del Gobierno. Además, emplear ese argumento del «Guantánamo electoral» es tan innoble en lo moral como inexacto en lo jurídico, puesto que es tanto como justificar la crueldad y los desmanes del nazismo por el hecho de que hubiera miles de personas que apoyaron a Hitler.
El diagnóstico del fiscal general es, además, un insulto a las víctimas. Para «guantánamos» electorales, los que viven los concejales del Partido Popular en el País Vasco, agredidos, insultados, amenazados y coaccionados como en las peores dictaduras. Y si esto sucede es porque aquellos por los que se lamenta tan afectivamente Conde-Pumpido viven en la impunidad que propician sus decisiones de no actuar contra la izquierda proetarra o de no impugnar la totalidad de las listas de ANV. Los que se han quedado sin opción de votar a partido alguno en el País Vasco son, por supuesto, todos los asesinados por ETA, y también las decenas de miles de ciudadanos que se han visto condenados al último exilio forzoso de la Europa democrática, aliviando eficazmente el censo electoral, en una auténtica limpieza ideológica, para que el nacionalismo pudiera mantener las riendas del régimen implantado en esa comunidad. Conde-Pumpido ha resumido en sí mismo y en sus decisiones todas las contradicciones y deslealtades necesarias para impulsar un ilegítimo proceso de diálogo con ETA, en el que los presupuestos ya no son la derrota de los terroristas, su desarme, puesta a disposición judicial y su disolución, sino una transacción en la que se trueque la impunidad y el derecho a la autodeterminación por una paz tutelada por las armas de los etarras