Ofensiva para que la sentencia del Tribunal Supremo cambie la historia

LA BANDERA, EN SU SITIO

Ofensiva para que la sentencia del Tribunal Supremo cambie la historia
Elsemanaldigital.com

Los efectos de unas elecciones en marzo preocupan al PSOEEl PP se va de vacaciones con la "mosca" del adelanto electoral
El Alto Tribunal ha sido claro como el agua, pero no más claro que la ley misma que lleva treinta años incumpliéndose. Pero ahora la burla nacionalista puede no salir gratis.

2 de agosto de 2007. Durante tres décadas se ha consentido que los partidos nacionalistas burlasen la norma legal que regula el uso de las banderas en las instituciones que gobiernan. Un caso más era el de la Academia de Policía Vasca de Arkaute, pero la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer este martes ha tenido dos efectos: por un lado, fijar de nuevo la doctrina legal que obliga a que la bandera española ondee en todas las instituciones autonómicas y recordar que la costumbre de haber incumplido la ley durante tanto tiempo no legitima la situación; y por otro, transformar la obligación legal genérica (exigible hasta ahora en el plano de las responsabilidades políticas) en una obligación judicial específica con un destinatario concreto.A él se ha referido el portavoz del PP en la Comisión Interior del Parlamento vasco, Carlos Urquijo, al requerir de manera inmediata a Juan José Ibarretxe que dé cuenta en sede parlamentaria sobre cuándo piensa hacer cumplir esa sentencia: "De no hacerlo, estaríamos ante un caso de desobediencia a las resoluciones de los tribunales, que podría acarrear responsabilidades de tipo penal".Ésa es ahora la fortaleza de quienes quieren ahora que concluya una situación que, como señalaba el mismo Urquijo para el País Vasco (pero vale para otras comunidades bajo poder nacionalista, como Cataluña), ha ofendido la sensibilidad de los cientos de miles de ciudadanos vascos que se sienten españoles y no ven la bandera ondear donde le corresponde por ley.De hecho, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) que preside Santiago Abascal se ha movilizado para que el riesgo de incurrir en un delito refuerce el cumplimiento de la ley. Dando por hecho que Ibarretxe no cumplirá la sentencia, va a utilizar el derecho de petición que garantiza la Constitución y exigir el cumplimiento de la sentencia al delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para que "den las instrucciones pertinentes a la abogacía del Estado para que garantice la ejecución de las sentencias del TSJPV y del Tribunal Supremo".Todo, con tal de que ni Ibarretxe ni su consejero de Interior, Javier Balza, puedan escabullirse de cumplir la Ley, sin, al menos, hacer frente a las consecuencias penales correspondientes.