En España la Ley es igual para todos, incluyendo el Rey
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31 de agosto de 2007. La Constitución y las Leyes que desarrollan sus principios son, en algunas cosas, inequívocas y meridianamente claras. Todos los ciudadanos españoles son iguales ante la Ley, son iguales sus derechos y sus obligaciones aunque, lógicamente, sean diferentes sus orígenes, sus ocupaciones, sus servicios al Estado, sus patrimonios o sus ingresos. No podía ser de otra manera en un Estado de Derecho democrático; y la lógica de una democracia es, además, que esa norma no tenga excepciones, desde el Jefe del Estado hasta el último ciudadano recién naturalizado.Son indiscutibles los méritos de Juan Carlos I al servicio de la democracia española, y tanto nuestros gobernantes como los ciudadanos han expresado ese reconocimiento de manera concreta más de una vez desde 1978. Los españoles agradecen al Rey sus esfuerzos, y precisamente para no malograr su obra debe subrayarse la igualdad que impera entre nosotros. Este principio no admite excepciones, ni siquiera en la cúspide del Estado.En las últimas semanas, los aliados políticos del presidente del Gobierno, especialmente los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida, han mostrado su intención de solicitar que se fijen mediante Ley las obligaciones fiscales del Rey y de su Familia, lo que en sí mismo no debe suponer ningún problema para la Casa del Rey, aunque muestre las intenciones de los enemigos declarados de la monarquía.En ese sentido debe felicitarse la reciente decisión de Su Majestad el Rey de crear la figura de Interventor de la Casa del Rey, para gestionar y controlar la gestión económica de este organismo, y el nombramiento para esta función de Óscar Moreno Gil, prestigioso experto en Derecho Administrativo. El profesor Moreno Gil trabajará al servicio del Rey, que según el artículo 65 de la Constitución gestiona libremente su Casa, y completará la tarea del Interventor Militar que ejerce y seguirá ejerciendo sus funciones en el Cuarto Militar del Rey.La libertad que la Constitución deja al Jefe del Estado para cumplir sus tareas es, sin duda, un acierto; pero no es ni puede ser una excusa para mantener o crear diferencias entre los españoles. Tales diferencias serían propias de otra Monarquía, o de otro tipo de Estado, pero serían incompatibles con nuestra democracia, y por el bien del Estado y de su actual organización no deben existir ni tan siquiera aparentarse.
viernes, agosto 31, 2007
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