Votos por vvienda

viernes 31 de agosto de 2007
Votos por vivienda
EL interés de Rodríguez Zapatero en convertir la política de vivienda en uno de sus principales reclamos electorales para 2008 se está empañando con los inconvenientes que provocan la improvisación y la demagogia. La nueva Ley del Suelo, presentada por la ex ministra María Antonia Trujillo como la panacea contra la corrupción urbanística -pese a lo cual, la ministra fue posteriormente destituida-, ya está recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Los populares reprochan a la nueva ley su carácter confiscatorio, pues permite expropiar suelo rústico con una indemnización calculada en función de las rentas que produzca la actividad económica de la finca y no de su verdadero valor de mercado. De esta forma, otra ley «estrella» del gobierno socialista se enfrenta al filtro constitucional, con visos de no salir indemne pues, como ha sucedido con anteriores leyes del suelo, la jurisprudencia del TC ha consolidado las competencias de autonomías y ayuntamientos en materia urbanística, dejando al Estado sin apenas potestad reguladora sobre un sector tan importante para la economía nacional y, al mismo tiempo, tan condicionante de la financiación municipal.
La falta de resultados en la gestión de Trujillo llevó a Zapatero poner al frente de Vivienda a Carme Chacón, cuya misión se concreta en atraerse el mayor número posible de votos jóvenes a cambio de ayudas al alquiler de pisos. La súbita urgencia con la que el Gobierno quiere promover esta forma de acceso a la vivienda demuestra que no ha hecho nada útil en esta materia durante estos tres años de mandato. Incluso la propuesta «sorpresa» de Chacón, que los arrendatarios puedan desgravar los alquileres que pagan, ni es tan novedosa, porque ya fue planteada por la anterior ministra y está vigente en varias autonomías, ni tiene el respaldo del Ministerio de Economía y Hacienda, cuya autoridad es la única que cuenta cuando se trata de impuestos. Al final, el departamento de Solbes podría admitir que las desgravaciones beneficien sólo a los inquilinos jóvenes, lo que apenas tendrá impacto en las economías individuales ni en la recaudación, porque la mayoría de estos arrendatarios está exenta de hacer la declaración del IRPF. Por otro lado, la limitación del beneficio fiscal a los jóvenes entraña un agravio inadmisible en perjuicio de los muchos miles de ciudadanos, no tan jóvenes, pero que soportan cargas familiares y están más necesitados de ayudas públicas, pese a lo cual son excluidos de estas políticas «sociales».
Sin duda alguna, es conveniente promover el mercado de alquileres con reformas legales, políticas tributarias y respaldo político, pero no a costa de demonizar la compra de vivienda -que sigue siendo la primera opción de todo ciudadano, incluidos los jóvenes-, de manipular los mercados o de introducir caprichosas discriminaciones fiscales. Además, conviene que el Gobierno, tan presto a culpar al PP de todos los males, no olvide que el núcleo de la legislación actual sobre arrendamientos -el «decreto Boyer» de 1985 y la Ley de 1994- es del PSOE y que en esta legislatura el Ministerio de Vivienda creó la Sociedad Pública de Alquiler, -teóricamente destinada a impulsar este sector del mercado inmobiliario-, para lo que contó con un presupuesto multimillonario. Pero hasta el momento sólo presenta una gestión ineficaz y unos resultados negativos de los que Chacón debería dar cuenta antes de lanzar otras propuestas que puedan tener repercusión en el erario público.
Por otro lado, desde 2003 está aprobado un procedimiento de juicios rápidos de desahucio, pero, por las razones que sean, el Gobierno no ha promovido su implantación, a pesar de que contribuiría a la seguridad jurídica de los arrendadores -quienes recuperarían sus viviendas mucho antes de lo que es hoy norma- y, por tanto, animaría a poner más pisos en alquiler. Zapatero recuperó en 2004 la tradición franquista de tener un Ministerio de Vivienda, abandonada desde el primer gobierno democrático, y los resultados han confirmado que se trató de una decisión meramente propagandística, porque, para el balance que presenta su gestión, habría bastado con mantener sus competencias en una dirección general o, a lo sumo, en una Secretaría de Estado.