Primo Gonzalez, Los alquielres y las prisas

jueves 30 de agosto de 2007
Los alquileres y las prisas Primo González

La nueva ministra de Vivienda, la catalana Carmen Chacón, está sacando a la luz estos días algunas ideas para mejorar el mercado del alquiler y, por extensión, el de la vivienda en España. Tarea nada fácil porque a corto plazo el asunto de la vivienda se va a jugar en el terreno monetario y financiero, es decir, con tipos de interés en alza (de hecho, ya han aumentado en un punto en los últimos meses) mientras el del alquiler es de esos asuntos que acaban por convertirse en problemas de eterna duración a los que nadie es capaz de meterles el diente con provecho. Para mayor desgracia, una reciente encuesta oficial pone de relieve que los jóvenes no tienen ningún interés, o muy poco, por el alquiler, ya que consideran que es una forma de tirar el dinero y que lo realmente provechoso es comprarse un piso para alimentar un patrimonio. Es la cultura dominante que, con el paso de generaciones, no sólo no se ha diluido sino que ha adquirido fuerza de ley.
A la ministra, y al Gobierno, les urge el asunto de la vivienda por razones bien fáciles de comprender, las de la proximidad electoral. Una oferta en materia de vivienda que enganche a los jóvenes, que se presente con buen envoltorio y con expectativas altas, puede ser un buen elemento para atraer el voto joven, que en cada consulta aparece sin que ningún partido sepa con cierta precisión hacia dónde puede inclinar sus preferencias a la hora de votar.
Las ideas que ha manejado la ministra hasta el momento tienen dos problemas desde el punto de vista de su aplicación y desde el lado de su aprovechamiento político: son medidas de efectos a medio plazo y además su implantación inmediata no resulta fácil, lo que significa que el PSOE tendrá que jugar un activo papel de difusión de sus ideas para que, en ausencia de resultados tangibles, la gente se deje ganar por las buenas intenciones.
Las medidas de las que ha hablado hasta el momento la ministra son dos. Una, la fiscal, mediante el empleo de las desgravaciones para aquellos españoles que se decidan a vivir en una vivienda alquilada, no propia. La otra, legal, ya que clama desde hace ya bastantes años la necesidad de reformar el marco legal en el que se desarrolla el alquiler en España, cuya característica principal es la falta de seguridad jurídica del propietario de la vivienda, lo que se traduce en una retirada del mercado de varios millones de pisos que podrían estar ejerciendo una función social tan imprescindible como la de cobijar a muchos españoles que quieren iniciar sus personales proyectos de vida con la necesaria autonomía pero que, a la fecha, carecen de medios para hacerlo bajo un techo, aunque sea alquilado. Ahora no pueden hacerlo porque la única vía de acceso a una vivienda es, en la práctica, la de la propiedad. Y comprar un piso es un auténtico problema, una verdadera muralla, para los españoles jóvenes, que son los que ahora mismo concentran lo esencial del problema.
Ninguna de estas dos medidas es nueva y ambas han tropezado en piedras, aunque distintas, por lo que no se entiende muy bien el empeño de la ministra de insistir en su puesta en práctica. El nuevo equipo del Ministerio de Vivienda no parece dispuesto a estrujarse mucho el cerebro para tratar de aportar soluciones novedosas y que les resuelvan los problemas a la gente, aunque puedan resultar políticamente aprovechables en el corto plazo. Si hasta la fecha no se han aplicado es porque no han existido argumentos suficientes para su defensa, en el caso de las desgravaciones fiscales, o porque el cálculo coste-beneficio en el caso de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la LAU, no debe estar claro para ningún partido político, lo que no significa que una reforma incluso radical de esta legislación no debería ser abordada con la mayor urgencia posible y preferiblemente mediante un acuerdo entre los grandes partidos políticos. No parece, en todo caso, un asunto propio de premuras preelectorales.
El caso de las desgravaciones fiscales a favor de los inquilinos es aún más complejo si cabe habida cuenta de que los argumentos en contra se basan en una cierta experiencia, al haberse aplicado de forma parcial y con resultados poco alentadores. El principal inconveniente de estos apoyos a los que entran en un piso de alquiler es que las ayudas se han convertido previamente en su sobrecoste de la vivienda a la que acceden, lo que resta buena parte de la utilidad de la misma y, en todo caso, genera un coste fiscal que pocos ministros de Hacienda se mostrarán dispuestos a asumir.
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