Incendios, cuestion de Estado

miercoles 1 de agosto de 2007
Incendios, cuestión de Estado
LA historia se repite todos los veranos. El clima, la orografía y la composición de nuestro patrimonio forestal hacen que España sea un país especialmente vulnerable a la plaga de los incendios. Si otros años Castilla La Mancha o Galicia fueron las comunidades más afectadas, parece que esta vez le toca a Canarias. Los últimos datos hablan de 34.000 hectáreas quemadas en Gran Canaria y Tenerife y de 13.500 evacuados, sin que los medios empleados resulten suficientes para combatir el fuego. La ministra de Medio Ambiente anuncia un paquete de ayudas económicas y fiscales y ofrece el envío de más personal desde la Península, incrementando la presencia de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El Gobierno canario también está dispuesto a aprobar ayudas a las familias, al campo, a las empresas y a los ayuntamientos afectados. Sin embargo, los ciudadanos perciben que la administración es ineficaz ante una situación que parece fuera de control. Es significativo que la propia UGT reclame al Gobierno que pase de las visitas al traslado urgente de medios para la lucha contra el fuego. Esta reflexión bien puede aplicarse al desplazamiento a Canarias de Rodríguez Zapatero, que por cierto ya no sabe dónde atender, porque para viajar a las islas tendrá que aplazar el viaje previsto a Barcelona relacionado con el apagón eléctrico. Las imágenes pavorosas de los montes calcinados y el grave riesgo para las personas, reflejado en el accidente de dos soldados de la UME, no se remedian con reuniones políticas o con fotos oportunistas, sino con medios y rigurosos planes preventivos.
La opinión pública confía más en el cambio del viento que en las listas de medios personales y materiales que el Gobierno repite con insistencia como si fueran un conjuro para apagar las llamas. En estas condiciones, resulta poco creíble la llamada de Cristina Narbona a la población para que confíe en las administraciones públicas. Esa confianza hay que ganarla a base de eficacia y no de buenas palabras. Es hora de abordar un pacto de Estado contra los incendios forestales, que incluya planes rigurosos y eficaces, elaborados por los técnicos correspondientes y respaldados por el consenso político, incluyendo una financiación adecuada. Los montes españoles arden todos los veranos y nadie puede llamarse a engaño, poner cara de sorpresa o improvisar remedios de urgencia. La coordinación entre las administraciones, la mejora de los servicios forestales y los protocolos de emergencia para actuar desde el primer momento son medidas elementales que no es necesario inventar cada vez que salta la chispa. En definitiva, los incendios son una verdadera cuestión de Estado, que afecta a la vida de las personas, al medio ambiente y al desarrollo económico de muchas regiones españolas.