Simbolo de unidad nacional

miercoles 1 de agosto de 2007
Símbolo de unidad nacional
ACIERTA plenamente el Tribunal Supremo al interpretar la ley que regula la utilización de la bandera y otros símbolos nacionales. Una reciente sentencia determina que la bandera de España debe ondear de forma permanente en los edificios públicos autonómicos, bien en solitario o conjuntamente con la enseña propia de la comunidad autónoma, reiterando una disposición que se incumple desde hace veinte años en la sede de la policía vasca en Arcaute (Álava). Resulta sorprendente y revelador de la impunidad en la que suele moverse el nacionalismo vasco que, después de 30 años de régimen constitucional, sea preciso que una resolución judicial tenga que exigir la puesta en práctica de ciertas reglas elementales, calificadas por el Gobierno de Vitoria de «extemporáneas». Entre ellas, el respeto a los símbolos de todos, que la normativa en vigor regula con prudencia y buen sentido pero otorgando la lógica prioridad a la bandera que representa al conjunto de los españoles sobre las que simbolizan a las nacionalidades y regiones. La llamada «guerra de las banderas» planteada en su día por el nacionalismo ha derivado en la práctica en una tolerancia inaceptable hacia el incumplimiento de la ley. Es notorio que en muchos ayuntamientos vascos y en algunos catalanes no ondea nunca la bandera de España, y que a veces, con motivo de determinadas fiestas o conmemoraciones, se convierte en pretexto de los extremistas para generar conflictos de orden público.
La actitud de mirar para otro lado, practicada con demasiada frecuencia por el Ejecutivo, no sólo es inútil sino también perjudicial porque los radicales viven muy a gusto en el terreno de la provocación. Cuando la ley se incumple por una entidad pública como la Comunidad Autónoma vasca la cuestión adquiere una especial gravedad. Es fácil comprobar que se trata de un incumplimiento deliberado y consciente que pretende expresar la desvinculación de esa entidad respecto de los símbolos de España. Resulta especialmente inadmisible que esta actitud se transmita desde la policía autonómica, titular de funciones de máxima relevancia en la lucha contra el terrorismo y en la garantía de los derechos fundamentales. De ahí que merezca una valoración muy favorable esta sentencia del Tribunal Supremo que pone las cosas en su sitio. Sin embargo, no basta con una decisión judicial, por muy precisa y oportuna que sea, sino que el Gobierno debe abandonar su actitud abstencionista y exigir el cumplimiento de la ley sin excepciones de ningún tipo. Tal vez esa postura firme molestaría a los nacionalistas, que dan ya por ganada la batalla de las banderas ante el desistimiento de muchas autoridades estatales. Pero Rodríguez Zapatero prometió cumplir y hacer cumplir la ley al acceder a su puesto, lo mismo que el resto de los cargos públicos, lo que incluye también a los responsables autonómicos que deben su condición de autoridad a una Constitución que se sustenta en la soberanía nacional única, y cuyo titular es el pueblo español.