El Centro Nacional de Gestión de Emergencias, una necesidad ineludible
Elsemanaldigital.com
2 de agosto de 2007. Cuando se elaboró la Constitución y se hizo el diseño inicial del reparto de las competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que pudiesen crearse, nadie pensó en la protección civil y la gestión de las emergencias. A diferencia de otros países de nuestro entorno, en España esos conceptos no estaban muy desarrollados en 1978, y las grandes calamidades públicas se afrontaban desde el Estado centralizado con unidad de mando y de criterio.A partir de ese silencio constitucional, que se extiende también a los primeros Estatutos de Autonomía, se generó una práctica, ratificada por el Tribunal Constitucional, según la cual todas las instancias de la organización territorial pueden asumir responsabilidades en materia de protección civil y gestión de emergencias, desde los Ayuntamientos hasta el Estado pasando por las Comunidades autónomas. Con todo, la progresiva extensión de las competencias de estas últimas las ha llevado a hacerse con el papel preponderante en el ámbito que nos ocupa.No se puede decir que con gran éxito. Todos los años, y de manera muy especial en verano, se repiten situaciones de emergencia en las que la capacidad y los medios de reacción de la Comunidad autónoma afectada, sea ésta cual sea, se ven irremediablemente desbordados. Llega entonces del momento de requerir la ayuda de otras Comunidades autónomas y del Estado, que muchas veces no están preparados para ofrecerla con la eficacia deseable.Si hay alguna prueba de lo perjudicial que resulta para los ciudadanos la actual deriva de nuestro Estado autonómico, marcada por los procesos de reforma estatutaria irresponsablemente animados por el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y todos ellos caracterizados por una ilimitada voracidad competencial autonómica, es este fracaso en la gestión de un aspecto de la acción pública tan esencial como es la gestión de las emergencias. Los nuevos Estatutos, ciegos a la realidad, se empecinan en proclamar la "exclusividad" competencial autonómica sobre la protección civil, tratando de marginar por completo al Estado.La creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por empeño personal de Zapatero no es más que un parche que no resuelve el problema de fondo, como lo está demostrando el desastre ambiental que este verano le ha tocado vivir a las Islas Canarias. Además, parte de una concepción de las Fuerzas Armadas errónea, como se está demostrando en los escenarios exteriores en los que nuestros soldados están presentes, pues una cosa es que éstos realicen excepcionalmente tareas humanitarias o ayuden a hacer frente a situaciones de emergencia, y otra que ésa deba ser su función principal o permanente.No hay más solución que la que muy sensatamente ha propuesto el líder del PP, Mariano Rajoy. Hay que olvidarse, en éste como en otros terrenos, de absurdos "blindajes" competenciales y devolverle al Estado el papel que le corresponde en la prestación de los grandes servicios públicos. Eso se plasmaría en la creación de un Centro Nacional de Gestión de Emergencias desde el cual el Estado pudiera intervenir, de forma profesionalizada y coordinada, en todas aquellas catástrofes de dimensiones nacionales que sobrepasen el ámbito territorial de una Comunidad autónoma o en las que los medios de la Comunidad afectada se vean desbordados.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario