Radiografia de la Justicia

lunes 25 de junio de 2007
Radiografía de la Justicia
EL Consejo General del Poder Judicial ha presentado un informe sobre la situación de los Tribunales de Justicia en 2006 que ofrece datos sobre el incremento de litigiosidad, el número de asuntos que se resuelven y los que quedan pendientes, la dilación de los procesos y, entre otros más, el estado actual de la plantilla judicial. En general, la justicia sigue siendo un enfermo crónico que mejora de una dolencia para sufrir el agravamiento de otra. Por eso, este informe presenta unos datos positivos y otros negativos, aunque el balance es que se confirma la tendencia de que, al final de cada uno de los últimos ejercicios, hay más asuntos pendientes que resueltos. En general, del denso y preciso informe del CGPJ, se desprende que hay mucho más trabajo judicial, que está mal repartido, que la fórmula de los juzgados especiales tiene tantas ventajas como inconvenientes (los juzgados de lo Mercantil han aumentado los asuntos pendientes en un 47 por ciento) y que las dilaciones de los procesos siguen siendo inaceptables para un sistema que se basa en el derecho a una tutela judicial digna de ser llamada efectiva. Por si fuera poco, el CGPJ avisa de que la jurisdicción contenciosa administrativa puede verse colapsada por la avalancha de recursos contra multas impuestas por el «carné por puntos» o contra decisiones administrativas en materia de extranjería.
Tras los datos, la pregunta clave es qué ha hecho el Gobierno por la Justicia en estos tres años. La única reforma aprobada por el PSOE fue el asalto al CGPJ -mediante proyecto por trámite de urgencia y lectura única- para implantar una mayoría cualificada en el nombramiento de magistrados del TS. También se ha tocado al Tribunal Constitucional, fundamentalmente para dar a su presidenta actual un blindaje que garantice la conservación del voto de calidad en las resoluciones de los recursos contra el estatuto catalán, prejuzgando temerariamente el sentido del voto de esta magistrada. Se aprobará la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, con la que el Gobierno ahormará a esta institución con los criterios de subordinación política y caudillaje interno que ya está ejecutando el actual fiscal general del Estado. No ha habido una sola reforma procesal mínimamente relevante ni eficaz. El encomiable trabajo de los juzgados de Violencia de Género empieza a verse menoscabado por la saturación.
En general, el ciudadano no existe. Sólo interés político. Desde que el PSOE rompió el acuerdo de Estado para la Reforma de la Justicia, su única preocupación ha sido controlar el CGPJ, instrumentalizar el Ministerio Fiscal y neutralizar a los jueces poco sensibles con el «proceso de paz». Eso sí, el idílico programa electoral de Zapatero de 2004 prometía que «antes de finalizar la legislatura, cualquier ciudadano o ciudadana obtenga una sentencia firme, dentro de la jurisdicción ordinaria, en un plazo no superior a dos años». Tres años después, la promesa sobre justicia es otro fraude.