martes, junio 26, 2007

Educacion para la ciudadania

Educación para la ciudadanía
Rafael González Rojas

26 de junio de 2007. Por si fueran pocos, otros dos nuevos frentes acaba de abrir el Gobierno socialista contra la Iglesia, con el avieso propósito de torpedear su libertad y el derecho que le asiste para desarrollar su misión. Estos dos frentes son la regulación del profesorado de Religión y la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y como no podía ser de otra manera, la Conferencia Episcopal procura defenderse. Ante la ofensiva gubernamental lo hace como puede, incluso tocando a rebato; pero poco puede para contrarrestar los ataques inmisericordes de esa especie de movimiento laicista decidido a erradicar de nuestra sociedad la raíces cristianas. Y en tal empeño hay algunos que aplican una tenacidad obsesiva. Antonio Gala, por ejemplo. Raro es el día que no sean los obispos, la Iglesia o la religión católica el blanco de los dardos envenenados que lanza desde "La Tronera". Pero también en otros foros. Hace unos días, en un programa televisivo, el ilustre torteño, sin pudor, pero sí con su refitolero amaneramiento habitual, denostó de todo lo que es sumamente querido y respetado por millones de españoles. Ni el mismísimo Espíritu Santo se libró de ser desvergonzadamente infamado. Pero a lo que iba. Con el primer nuevo frente, el Gobierno trata de quitarles a los obispos su derecho a elegir a las personas que ellos consideren capacitadas para impartir la asignatura y las condiciones de su permanencia o sustitución. O sea, que en el nuevo estatuto laboral de los Profesores de Religión, éstos son unos profesores más, sin características especiales, sin dependencia del obispo, al que no se le reconocen sus competencias educativas. No hace falta recurrir a los Acuerdos Iglesia-Estado ni a la jurisprudencia establecida por los Tribunales Supremo y Constitucional, sino simplemente al sentido común, para comprender que lo que pretende el Gobierno es un contrafuero. El segundo nuevo frente es la imposición de la asignatura "Educación para la Ciudadanía". Ante él, la Conferencia Episcopal dice que no caben "posturas pasivas ni acomodaticias". Y eso se lo dice tanto a los padres católicos como a los responsables de los colegios confesionales. Supongo que también a algunos creyentes, como José Antonio Marina, colaborador en el proyecto gubernamental, y a algún articulista complaciente, como Martín Ferrand, al que la Conferencia Episcopal distinguió con el premio Bravo y a la que ahora le echa en cara que si la "la Educación para la Ciudadanía no remeda la Formación del Espíritu Nacional, que nunca censuraron los predecesores de los obispos españoles que ahora tanto se excitan; es decir, no es un intento de adoctrinamiento partidario, habrá que verla con buenos ojos". El Episcopado sabe muy bien que esa asignatura ha sido concebida para adoctrinar. Y por eso su oposición es frontal. Sabe que el proyecto educativo de la ministra Cabrera tiene ese diseño estatalista de las dictaduras de todos los signos, en las que el dictador dicta también la educación moral y la formación de las conciencias. La Conferencia Episcopal lo ha dicho muy claro: si la asignatura "no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e incluso, tal vez, deseable". O sea, que la formación de la conciencia no es educación cívica, sino adoctrinamiento. Y que lo que se pretende es adoctrinar está más que claro.

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