Los limites del consenso

martes 26 de junio de 2007
Los límites del consenso
ENTRE apoyar al Gobierno para que derrote a ETA y exonerar a Rodríguez Zapatero de su responsabilidad política por haber faltado sistemáticamente a la verdad sobre el diálogo con los terroristas, hay un largo tramo que ni el PP ni la sociedad tienen obligación de recorrer. Al contrario, silenciar la personal e intransferible culpa política del presidente del Gobierno en este grave asunto de Estado sólo contribuye a facilitar nuevas negociaciones clandestinas con ETA y a legitimar una estrategia de fraude masivo, como la que han perpetrado el PSOE y el Ejecutivo desde 2002. Los desmentidos socialistas a las informaciones publicadas no sólo por «Gara», sino también por otros medios nada sospechosos de pertenecer al entramado etarra, carecen de crédito alguno, porque la confianza que todo Gobierno democrático recibe en las urnas la ha perdido el equipo de Zapatero en esta trama de ocultaciones con la que se construyó la primera negociación política directa entre el presidente del Gobierno de España y la banda terrorista ETA.
Es irrelevante que Zapatero siga mandando a sus portavoces en la misión suicida de negar la evidencia. Su protagonismo absorbe toda la significación política de un proceso de diálogo con ETA que ha sido escondido de las urnas, ocultado a la sociedad y negado al PP, pero que resulta ya innegable ante las pruebas que ya conoce la opinión pública. El Gobierno pretende coartar los resortes básicos del sistema democrático, porque quiere que los ciudadanos se autocensuren por el peso de un falso dilema moral que les lleve a considerar incompatible el deseo de derrotar a los terroristas con el derecho a tener un Gobierno que no mienta. Lo mismo sucede con el único partido que ha asumido la tarea de oposición, el PP, al que Zapatero quiere silenciar con la nada sutil amenaza de denunciarlo ante la opinión pública si hace lo que debe hacer, que es pedirle cuentas al Ejecutivo que más ha practicado la mendacidad con los españoles. Pero el PP ya sabe que, haga lo que haga, siempre será culpable: lo iba a ser de que ETA revocara la tregua y lo será si denuncia las mentiras del PSOE y del Gobierno.
En parte, el Ejecutivo consiguió este propósito. Rajoy actuó con generosidad patriótica ofreciendo su apoyo incondicional a Zapatero para derrotar a ETA sin hacer uso de los mecanismos constitucionales para obligar al presidente a pasar por un examen de censura parlamentaria. También los ciudadanos españoles han antepuesto su deseo de acabar con la violencia a su derecho democrático a negar la confianza a un Gobierno que ha abusado de ella hasta límites insospechados. Pero todo tiene un límite. Zapatero no ha respetado a Rajoy y sigue despreciando a la opinión pública. Los desesperados e inútiles esfuerzos por intentar hallar coincidencias con la política de Aznar en la tregua de 1998-1999 no serán suficientes para compensar el engaño y la deslealtad con la que el PSOE se ha comportado desde 2002. El Gobierno pactó con ETA hasta los «lapsus» del presidente cuando calificaba los atentados como «accidentes». También se ha confirmado que, por primera vez en la historia democrática, los etarras fueron guionistas de una declaración oficial del presidente del Gobierno y que era cierto que los delegados gubernamentales mercadearon con ETA a cuenta de las listas de Acción Nacionalista Vasca. Este proceso de «paz» ha sido un proyecto podrido, en sentido político y moral, desde su gestación en 2002. Y si finalmente no concluyó con un acuerdo político no fue debido a la falta de interés del presidente del Gobierno, sino a su insolvente costumbre de prometer lo que no está en su mano conceder.
Por eso, Mariano Rajoy y su partido no tienen ninguna deuda con el Gobierno por la que deban omitir una actividad de crítica y denuncia que es necesaria, ante todo, para mantener la democracia española en el nivel de dignidad que se merecen los españoles. Es el PP quien hace un favor al Gobierno y a Rodríguez Zapatero con su política de contención, pero se ha llegado a un punto en que el favor lo reclama el bienestar del sistema democrático. Rajoy, no Rodríguez Zapatero, es quien tiene autoridad moral y política para exigir rectificaciones y aclaraciones. Esto es lo que pasa cuando se miente a conciencia mientras se negocia con ETA en la clandestinidad.