Gracian, Reforma constitucional, el sistema educativo

martes 5 de junio de 2007
Reforma constitucional: el sistema educativo
POR GRACIÁN
EL sistema educativo se ha convertido en instrumento del particularismo cultural dentro de España, de creación o vertebración de naciones diferentes de la española, de eliminación del espíritu de pertenencia a una nación común y de participación en una cultura común. Más de tres comunidades impiden el efectivo derecho de sus ciudadanos a elegir la lengua castellana como vehicular de la enseñanza, se abstienen de preguntar a sus súbditos si querrían escuela en castellano, imponen la inmersión escolar en su lengua particular e intentan convertir al castellano en una lengua extranjera. Y ello, ya de por sí, supone un uso perverso del sistema educativo en términos constitucionales.
Pero el problema no se queda en la Lengua. Porque la Geografía, la Historia, la Literatura, en general las materias que permiten formar conciencias diferenciadas, son utilizadas a fondo para crear un nueva generación con identidad regional, con desconocimiento de la española, a lo sumo con un conocimiento secundario, al nivel de países terceros, y, con frecuencia, transmitiendo conocimientos falsos o sesgados para generar el antagonismo, cuando no el odio, contra España. Y ello viola flagrantemente el principio básico constitucional de existencia de una nación española común, patria indivisible, con cultura e intereses comunes.
Incluso en comunidades no nacionalistas, con lengua única y con gobernantes españolistas, los padres tienen que hablarles a sus hijos de los Pirineos, del Ebro, porque en los colegios agotan la enseñanza con los picos y arroyos locales. Por ello, en los sucesivos debates internos de nuestro colectivo sobre la necesaria reforma constitucional, se ha ido manifestando una tendencia creciente, hasta llegar a ser predominante, según la cual el esquema del bloque de constitucionalidad vigente ha demostrado su incapacidad para asegurar los objetivos del Estado: ya no son suficientes los retoques constitucionales en lo educativo, sino que es preciso ir a cambios más radicales. El poder central del Estado ha de recuperar la íntegra gestión del sistema, el manejo directo de los centros a través de sus delegaciones territoriales, la selección y dirección del profesorado, la integridad de la inspección. Aunque esta recuperación estatal permita la tradicional colaboración de los municipios, y sea compatible con que el Estado reserve un porcentaje de los currículos académicos, sobre un 30 por ciento, para que puedan ser cubiertos por las comunidades que lo deseen, de modo que en ese porcentaje pueda incluirse la enseñanza de su lengua particular más aquellos otros conocimientos de su especial interés, como los de Geografía o Historia de su territorio, además de la enseñanza común estatal; sometido ello al pertinente control que asegure la falta de contradicción de los contenidos y objetivos regionales con los generales.
Dentro del aula en la que se discuten nuestros trabajos y se forman los consensos para conclusiones, no faltan miembros que, aun comprendiendo las importantes razones para la posición más drástica antes expuesta, entienden que si se mantiene la estructura autonómica del Estado, línea sobre la que discurren nuestras reflexiones, es incoherente negar a las comunidades autónomas la gestión ejecutiva del sistema escolar; un Estado autonómico en el cual las comunidades no gestionen los centros públicos escolares quedaría desmedulado; y ello sería tanto como cuestionar el modelo de descentralización de las autonomías.Claro que esta postura más respetuosa para con los poderes periféricos queda subordinada a que, comprobado que el dibujo constitucional ha sido burlado, se incluya en la reforma de la Constitución todas aquellas modificaciones y cautelas expresas que impidan el desarrollo al que hemos llegado. Algunas de esas modificaciones están incluidas en pronunciamientos que ya hicimos con carácter general. Pero otras han de ser específicas para el tema educativo.
La Constitución ha de decir que los conocimientos que se transmitan en toda España y en todos los escalones de la enseñanza han de ser sustancialmente comunes. Puede existir una porción minoritaria de los currículos, no más del 30 por ciento, distintos y peculiares por regiones. Pero el 70 por ciento ha de fijarlo íntegramente el Estado, prohibiendo a cualquier otra administración el intento de desarrollar, matizar o complementar ese 70 por ciento estatal. En otro caso no existe unidad del sistema educativo; ni nación. Y para garantizar que en la realidad se cumplen esas exigencias estatales, la alta inspección ha de actuar también en las aulas, contando con altos inspectores en número suficiente, así como examinar los libros y material didáctico que se utilice. Sus informes se rendirán al Estado, y cuando se detecte que en un centro no se cumplen las normas estatales, que se violan los contenidos de los currículos establecidos por el Estado, o que los contenidos implantados por una comunidad en su 30 por ciento menoscaban o contradicen los generales de la nación, el Gobierno central requerirá a la comunidad para que inmediatamente lo remedie, bajo apercibimiento de negar validez a los títulos expedidos o derivados del centro en cuestión; y si aun así no se atiende el requerimiento, para evitar daños innecesarios a los alumnos, se desapoderará a la comunidad de la gestión educativa en los ámbitos precisos, por la vía del 155 de la CE.
Hemos barajado la posibilidad de introducir en la reforma aquel criterio de la II República española que habilitaba al Estado para montar en las comunidades autónomas una red de centros paralela a la otra que gestionara la comunidad; como garantía de que, en aquellos territorios donde fuere preciso, existiría una oferta educativa respetuosa con los hispanoparlantes y con quienes desearan una enseñanza según el modelo marcado por el Estado. Pero lo hemos desechado. Porque si mantenemos la gestión de los centros en las comunidades con la reforma constitucional que proponemos, ya se evitarán los abusos y corrupciones que harían necesaria esa red paralela de centros. Y si juzgáramos que aun con las modificaciones constitucionales que sugerimos no se diera tal garantía, entonces deberíamos dar la razón a los partidarios de las soluciones más drásticas, privando a las comunidades autónomas de la gestión de los centros, siendo reasumida tal gestión por el Estado, y entonces desaparecería el supuesto de hecho que justifica la propuesta de la doble red de escuelas.
Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio