Volver a empezar

miercoles 21 de marzo de 2007
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La proximidad de la nueva comparecencia del lehendakari ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), con motivo de la ampliación de la querella presentada por el Foro Ermua por su supuesta colaboración en un delito de desobediencia por reunirse con representantes de la ilegalizada Batasuna, ha reabierto una perniciosa fractura institucional al enfrentar, una vez más, al Gobierno vasco con la máxima instancia del poder judicial en Euskadi. Desde que Ibarretxe fue imputado, en una decisión que provocó una gran controversia social y un abierto debate jurídico, sobre todo tras el fallo exculpatorio del Tribunal Supremo en un caso comparable, las ya de por sí deterioradas relaciones del Ejecutivo con la cúpula judicial desbordaron los cauces considerados razonables para dirimir las discrepancias entre instituciones. Lo que podría ser entendible como una crítica hacia una resolución judicial no compartida y que, por su carácter excepcional -jamás un lehendakari había declarado como imputado-, trascendía a un procedimiento convencional, se acabó convirtiendo en un instrumento de movilización social contra la Administración de Justicia y de deslegitimación del TSJPV como un órgano ajeno al entramado institucional vasco. Este afán agitador, que incluye una amenaza de recusación al presidente del Tribunal, bajo la pantalla de arropar al lehendakari, volverá a reproducirse el próximo lunes, sin importar el daño que cada descalificación cruzada provoca sobre la solidez del Estado de Derecho en una sociedad necesitada más que nunca de vigor institucional y en unos momentos en los que se requiere, especialmente, comprensión y colaboración entre los poderes fundamentales. Utilizar el enfrentamiento público, buscando incluso la complicidad de la calle, no es la mejor manera de realizar una buena pedagogía ante la ciudadanía, que lo que precisa es ver cómo los mecanismos de la democracia son capaces de resolver las controversias y cómo sus representantes acatan los procedimientos. Y el lehendakari cuenta con las garantías y derechos que amparan a cualquier ciudadano, además de con unos buenos servicios jurídicos. Hacer de una decisión judicial, por muy excepcional y cuestionable que sea, un banderín de enganche popular es, además de poco responsable, una imprudencia porque transmite una sensación de anormalidad institucional que sólo favorece a quienes cuestionan el sistema democrático. Recuperar el respeto entre instituciones y la mesura, más que una apelación, es ya una exigencia.