Ley por consenso

miercoles 21 de marzo de 2007
Ley por consenso

Las negociaciones del Gobierno con los sectores implicados para consensuar el anteproyecto de la Ley del Cine continúan sin cristalizar en un acuerdo, a pesar de las declaraciones en sentido contrario de la ministra de Cultura. Es cierto que la intervención de la vicepresidenta Fernández de la Vega no sólo ha enmendado la propuesta de máximos presentada por Cultura y rechazada por las televisiones y los exhibidores, sino que también ha propiciado unas condiciones más favorables para el consenso. De hecho, la mejora de la fiscalidad para la inversión en cine acerca a productores y cadenas. Sin embargo, sigue resultando evidente la escasa racionalidad de un sistema que impone a las televisiones, por su condición de concesionarias, tanto la inversión obligatoria del 5% de sus ingresos brutos en producciones ajenas de escaso interés y baja taquilla como el sometimiento inexorable a unos llamados productores independientes que, a la postre, manejarían las inversiones cinematográficas de las empresas televisivas sin el control de éstas. De igual manera, el anteproyecto inicial de la ministra Calvo perjudica a unos exhibidores que deben postergar su libertad de empresa e intereses económicos, primando en las carteleras, sin contraprestación, la programación de producciones españolas.Se trata, pues, de una iniciativa dirigista que no cuenta con el necesario acuerdo, para un sector cuyos resultados recientes han sido negativos: en el último año, el cine español ha perdido 2,5 millones de espectadores, casi 9 millones de euros de recaudación en taquilla y un porcentaje del 1,25% en su cuota de pantalla. Entonces, parece lo más lógico promover un texto legislativo consensuado que fomente la estructura industrial del sector y el compromiso inversor de unas televisiones que en los últimos siete años han gastado en el cine español casi 800 millones de euros. Y que, junto a ello, compense a unos exhibidores que deben hacer frente a la caída de espectadores. El Gobierno está obligado a esforzarse en la búsqueda de un pacto lo más amplio posible, lo que le permitiría evitar precedentes incómodos y dañinos para la credibilidad de su gestión.