Sin medias tintas

jueves 22 de marzo de 2007
Sin medias tintas

El anuncio hace hoy un año de 'un alto el fuego permanente' por parte de ETA abrió la expectativa de un pronto final del terrorismo. Una esperanza que fue disipándose a medida que la banda terrorista y la izquierda abertzale suplían la parquedad de su anuncio inicial por condiciones inadmisibles para la democracia y continuaban la actividad de los comandos, la extorsión y la violencia callejera. Así hasta que el 30 de diciembre el doble asesinato de la T-4 acabó con una tregua reiteradamente incumplida. Desde que ETA dio a conocer su alto el fuego, las miradas se dirigieron hacia Batasuna, intuyendo que una de las intenciones que albergaba la izquierda abertzale con aquel paso era recuperar la legalidad de cara a los comicios locales y forales. Resulta más que dudoso que la banda terrorista sienta la misma necesidad que su brazo político de acceder a las instituciones como una formación legal. Pero lo que es indudable es que, al atentar en Barajas, ETA cegó el ya dificultoso trayecto que la izquierda abertzale debía recorrer para poder concurrir a las elecciones del 27 de mayo. A tenor de la Ley de Partidos y a la luz de las sentencias del Tribunal Constitucional, la izquierda abertzale tiene tan sólo dos caminos para recuperar la legalidad. El primero, el que anhela la sociedad entera: que ETA renuncie definitivamente al terrorismo. En su defecto, el segundo, que la ilegalizada Batasuna rechace explícita e inequívocamente la utilización de la violencia. Cualquier otro intento, como el de concurrir a las urnas con candidaturas integradas por personas que no hayan tenido vinculación pública alguna con las organizaciones fuera de la ley, podría eventualmente pasar por el tamiz de los tribunales. Pero generaría en la sociedad una mezcla de desconfianza y desánimo que, tras tantos esfuerzos por reducir a su mínima expresión los espacios de impunidad en que han sabido moverse, Otegi y sus representados se saliesen una vez más con la suya mientras ETA persiste y la izquierda abertzale la secunda. De ahí que sea imprescindible que tanto las instancias habilitadas para impugnar candidaturas -la Fiscalía y la Abogacía del Estado- como los propios tribunales competentes -Supremo y Constitucional- velen para evitar la eventualidad de un fraude de ley que supondría la humillación del Estado de Derecho si la aparente limpieza de esas listas es utilizada con jactancia por la izquierda abertzale, evidenciando antes o después de las elecciones su naturaleza continuista respecto a las organizaciones ilegalizadas. Es lo que ha de presuponer el compromiso manifestado ayer por el presidente Rodríguez Zapatero de «cumplir y hacer cumplir la Ley de Partidos al pie de la letra».Ni las instituciones ni los partidos deben hacer suyas las dificultades que encuentren los terroristas y los dirigentes de la izquierda abertzale para desactivar el fanatismo violento y rebajar las ínfulas que los portavoces radicales han venido alimentado entre sus tantas veces desconcertadas bases. Es absolutamente contraproducente que se pretenda modificar el equilibrio de fuerzas existente en ETA o entre ETA y Batasuna con supuestos gestos de distensión que hasta ahora han acabado confirmando a los más intransigentes en la utilidad de su fuerza mientras generan indignación en la ciudadanía. Ayer mismo, Pernando Barrena se atrevía a advertir de que es el Gobierno el que debe decir cómo garantizará la presencia de Batasuna en los próximos comicios. ETA y la izquierda abertzale se plantean su pulso con el Estado y su juego de mensajes cruzados con el Gobierno con el propósito de obtener concesiones de éste a cambio de nada que sea sustantivo para la trama terrorista. Y nada hay más sustantivo para dicha trama que preservar la que denominan 'lucha armada' de todo juicio moral o histórico. Con su decisión de retirar anoche la acusación formulada hace cuatro años contra Arnaldo Otegi por presunto enaltecimiento del terrorismo, la Fiscalía se ha expuesto al serio riesgo no sólo de que sus argumentos no sean comprendidos por la sociedad, sino de que se aliente la inquietante impresión de que las instituciones del Estado se amoldan a las necesidades que requeriría, pretendidamente, el final del terrorismo. La citación ante la Audiencia Nacional ha venido a recordar los vivas que Otegi pronunció en el funeral de la activista Olaia Castresana. Si sus recientes declaraciones señalando que «la lucha armada no sirve para construir un Estado independiente» sólo pretendían enmascarar el dogma etarra de que la violencia es imprescindible para llegar hasta las puertas de la independencia, su provocadora actitud al forzar su detención refleja hasta qué punto el tenido como el dirigente más proclive a reciclar a la izquierda abertzale se ve necesitado de jugar al victimismo ante sus bases entablando un pulso con el Tribunal que le juzgaba y la Fiscalía, que acabó renunciando a imputarle. Su intolerable cuestionamiento del Estado de Derecho rebate a quienes se afanan en ver supuestos avances en sus calculadas y siempre ambiguas manifestaciones.