martes, marzo 20, 2007

Luis Pousa, Disfuncionalidades varias

martes 20 de marzo de 2007
LUIS POUSA
celtas sin filtro
Disfuncionalidades varias
Dentro del campo de las energías renovables, Galicia es una referencia mundial en eólica, y todavía tiene capacidad para duplicar la potencia instalada si por fin se resuelven algunas cuestiones de largo alcance, que dependen de decisiones políticas, como qué va a ocurrir con el precio subvencionado del kilovatio producido y con la evacuación de la energía a la red. Y si, al mismo tiempo, la Administración toma la cosa en serio y pone un mayor celo paisajístico y medioambiental en la selección de las zonas donde serán ubicados los parques, y se apresta a ejercer un control mucho más efectivo sobre las obras, a fin de evitar los destrozos, absolutamente innecesarios, que suelen ocasionar las empresas encargadas de realizarlas.
Desde el punto de vista técnico, el desarrollo de la energía eólica se ve favorecido, además, por una tecnología que ha ido mejorando la calidad y el tamaño de los aerogeneradores, llegando a turbinas de 1,5 megavatios. Lo que reduce enormemente los costes de instalación de los parques.
Todo lo anterior entra en lo que son los tres pilares de un modelo energético sostenible: el económico, el social y el ambiental. Modelo coherente con el objetivo estratégico de la Unión Europea de "convertirse en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejor empleo y una mayor cohesión social". En la premisa de que, a largo plazo, crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente deben caminar juntos en la UE.
En este contexto, el sector de la aerogeneración presenta en Galicia algunas disfuncionalidades que no son de origen técnico, sino económico. Entre ellas, el negocio de reventa de las autorizaciones, que pervierte el objeto para el que fueron creadas, y la baja tasa de reinversión en la comunidad autónoma de la mayoría de las empresas concesionarias.
Dos aspectos en los que la Asociación Eólica Galega algo tendrá que explicar, independientemente de que le asista todo el derecho del mundo a exigir un marco regulatorio que termine con la incertidumbre que rodea en estos momentos el negocio eólico. Sin esa seguridad, el riesgo se convierte en empresarialmente inasumible.
Pero también EGA debe admitir que la necesidad de ordenar la vida del sector no surge del capricho de un administrador que tuvo un día un mal despertar. Antes al contrario, obedece a una necesidad tan objetiva como impedir que la generación eólica no se convierta en una autarquía protegida y quede liberada de la obligación de desarrollar herramientas que favorezcan la gestión de la oferta y la demanda de las redes eléctricas.
En esa lógica, y al margen de las discrepancias que puedan existir entre la patronal eólica y el Instituto Enerxético de Galicia, le corresponde a éste elaborar el plan y presentarlo públicamente. El procedimiento nada tiene de oscurantista, y menos aún cuando el Inega pretende que su propuesta sea conocida, discutida y negociada con los representantes de los empresarios. No parece que esté en el ánimo de Xoán Ramón Doldán, una persona dialogante y conocedora de la problemática del sector energético, imponer unas normas sin antes haberlas madurado en el transcurso de un diálogo con todas las partes afectadas.

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