Del vino de Espinosa a las aguas de Narbona

Del vino de Espinosa a las aguas de Narbona
Pedro Vicente

22 de marzo de 2007. Apenas apagada la polémica sobre la Ley del Vino, el Gobierno Zapatero ha puesto sobre la mesa el borrador de la nueva Ley de Aguas, un ambicioso proyecto legislativo llamado a suscitar otro encendido debate político territorial. El borrador de la "Ley Narbona" diseña una nueva Administración del agua mas descentralizada, con participación de las Comunidades Autónomas en las Confederaciones Hidrográficas, que pasarían a llamarse "Demarcaciones". Estos organismos de cuenca estarían regidos por un Comité de Autoridades Competentes (CAC), en el que los gobiernos autonómicos se distribuirían mediante cuotas territorializadas el 49% de su composición. El Ministerio de Medio Ambiente mantendría el 51% y con él el control de cada una de las Demarcaciones, con lo cual la pretendida descentralización resulta completamente engañosa. Así, respecto a los trasvases, si bien las comunidades afectadas deberán emitir informes preceptivos, éstos en todo caso no serán vinculantes, de forma que el Gobierno central seguirá teniendo la última palabra. La novedad en este terreno viene de la creación de bancos públicos de agua en cada una de las cuencas, un mecanismo que permitirá agilizar trasvases mediante ofertas públicas de caudales excedentarios. Otros aspectos conflictivos de la "Ley Narbona" son los referentes a la creación de una tasa por consumo de agua y al control de los cerca de 500.000 pozos subterráneos existentes en España. Papel mojado Al tiempo que abre la gestión de las cuencas hidrográficas a las Comunidades Autónomas, la nueva Ley frustra las expectativas que pudieran tener algunas de ellas de controlar las actuales Confederaciones Hidrográficas. La posibilidad de que Andalucía, al amparo de su nuevo Estatuto, asumiera la Confederación del Guadalquivir queda en papel mojado con la "Ley Narbona", que, al reservarse el 51% de los nuevos organismos de cuenca, descarta cualquier posibilidad de transferir ninguna de las futuras Demarcaciones. El hecho de que el Estatuto andaluz se arrogue competencias exclusivas en la gestión del Guadalquivir no significa, por tanto, que le vaya a ser traspasada la Confederación Hidrográfica. El resquemor que ello había producido en Extremadura dejaría de tener base. Donde se refleja ya nítidamente el espíritu de la nueva Ley es en el nuevo Estatuto de Aragón -actualmente en el Senado-, en el que el pretendido "blindaje" del Ebro ha quedado desactivado, al supeditarse la reserva de 6.550 hectómetros cúbicos a la decisión última del gobierno central. Otro tanto ocurrirá con toda seguridad con la fecha de caducidad (2015) al trasvase Tajo-Segura que figura en la Proposición de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha. Agua de borrajas Otra comunidad que verá convertida en agua de borrajas su pretensión de controlar una Confederación Hidrográfica es Castilla y León, que, al igual que Andalucía respecto al Guadalquivir, se atribuye en la reforma de su Estatuto la "competencia exclusiva" en la gestión de la cuenca del Duero. Pese a que dicha cuenca discurre en un 98% por territorio castellano-leonés, con la "Ley Narbona" el peso de la Junta de Castilla y León en la futura Demarcación del Duero alcanzaría en el cálculo más favorable el 48%. La actuación de la Confederación Hidrográfica del Duero viene siendo objeto además de una permanente confrontación entre el gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente. El último encontronazo ha sido la negativa a conceder agua del río Adaja para abastecer la urbanización proyectada en Villanueva de Gómez (7.500 chalets adosados) con todas las bendiciones de la Junta de Castilla y León. El próximo puede ser el informe pendiente de emitir sobre la inundabilidad de los terrenos elegidos para levantar la polémica "Ciudad del Medio Ambiente" de Soria.