Decision controvertida

viernes 2 de marzo de 2007
Decisión controvertida

La decisión de clasificar en segundo grado y de atenuar el régimen de internamiento del recluso Iñaki de Juana Chaos, asumida personalmente por el ministro de Interior, está causando una profunda controversia política y social. Al carácter controvertible de la resolución misma se le añaden factores que, por su propia proyección simbólica y emocional, contribuyen a dificultar el juicio desapasionado que una cuestión tan delicada como ésta debería merecer. Así, la larga y cruel biografía criminal del recluso, junto con su personalidad claramente exhibicionista y provocadora; la tortuosa trayectoria del camino procesal, el clima de exasperada confrontación que, a causa de este caso, estaba ya instalado en la sociedad; y la utilización que el entorno político del preso hará de la nueva situación, agravando el dolor de las víctimas por el pulso lanzado por De Juana, constituyen, entre otros, elementos que será muy difícil no mezclar, de manera voluntaria o involuntaria, pero, en cualquier caso, indebida, a la hora de emitir una opinión razonada sobre la resolución gubernamental.Sin embargo, cualquier juicio responsable en torno a este complejo asunto deberá partir de una nítida delimitación de lo que realmente está en cuestión, haciendo abstracción de factores que, en este momento, no vienen al caso. En este sentido, ha sido de sobra recordado el hecho de que De Juana Chaos ha cumplido ya, de acuerdo con la legislación en su momento vigente, la condena que la Justicia le había impuesto por sus múltiples asesinatos. Tampoco deben entrar en la discusión, a estas alturas, la corrección o incorrección del procedimiento judicial seguido con posterioridad a ese cumplimiento, ni la disparidad de las penas solicitadas por la Fiscalía a lo largo del posterior enjuiciamiento, ni siquiera la sentencia emitida en su día por la Audiencia Nacional, toda vez que todo ello ha quedado ya firme y definitivamente resuelto por la última resolución del Tribunal Supremo. Lo que realmente está en cuestión en este momento es, sólo y exclusivamente, la legalidad y la oportunidad de una decisión administrativa, adoptada en su sentido más político, que ha reclasificado al recluso en segundo grado y le ha atenuado su régimen de prisión en razón de las circunstancias especiales que su situación revestía.No parece que la legalidad de la decisión sea cuestionable, en tanto que se ajusta a lo previsto en el artículo 100 del Reglamento General Penitenciario. Más problemática resulta su idoneidad, que apela para su justificación a la responsabilidad que incumbe al Estado de proteger la vida de quienes tiene encomendados a su custodia, incluso en contra de su voluntad: en el caso de De Juana, el riesgo de muerte forma parte de un desafío, primero al Estado de Derecho y luego a la discrecionalidad del Gobierno. Siempre será discutible que, entre los dos males que el Gobierno tenía ante sí, haya elegido realmente el menor. Cabe esperar que, dado que los indudables inconvenientes que acarrea la decisión adoptada no son irreversibles, pueden verse contrarrestados por las ventajas que de la misma pueden derivarse. Por de pronto, el recluso ha anunciado ya su voluntad de abandonar la huelga de hambre, con lo cual, aparte de haberse logrado, sin cesiones ilegítimas, el objetivo de evitar que entre en fase terminal una persona sometida a la custodia del Estado, se contribuirá a evitar su conversión en un 'héroe' para quienes le jaleaban y a serenar las tensiones que, en su entorno, y fuera también de él, había causado su situación. No puede, pues, decirse que al adoptar esta decisión discutible el Gobierno haya usado de manera arbitraria la potestad discrecional que la ley le concede.Pero sería un nuevo error de apreciación que, con esta muestra de magnanimidad, el Gobierno pretendiera influir en quienes habían convertido en referencia heroica la demencial y desafiante conducta de De Juana Chaos creyendo que de esta manera se aproximarán al definitivo acatamiento del sistema democrático. En cualquier caso, la izquierda abertzale volverá a dar muestras de un totalitarismo atroz si interpreta la medida adoptada como una señal de cesión a sus ilegítimas pretensiones. Y corresponderá al Gobierno demostrar que esa magnanimidad no es rasgo de debilidad, sino, por el contrario, la otra cara de la fortaleza del Estado de Derecho. Sólo así logrará paliar la sensación tan vívidamente extendida entre las víctimas de ETA y en el conjunto de la sociedad española de que la ley no siempre es capaz de dar todo lo que la Justicia demanda. Una sensación que De Juana Chaos ha agudizado al hacer ostentación de su falta de arrepentimiento.