Contra ETA, por la libertad

sabado 10 de marzo de 2007
Contra ETA, por la libertad
LA campaña de desprestigio y descalificaciones emprendida por el Gobierno y el PSOE contra la manifestación que hoy se celebra en Madrid es la prueba del enorme nerviosismo que sienten los socialistas no sólo por el previsible éxito de la convocatoria, sino también por las consecuencias que esta crisis política desatada por el «caso De Juana» va a tener en sus expectativas electorales. Sin embargo, a pesar de la envergadura que ha adquirido la iniciativa liderada por Mariano Rajoy, el Gobierno no ha podido salir del limitado e ineficaz recurso de viajar al pasado, porque el problema de Rodríguez Zapatero no es lo que pasó en tiempos de Aznar, sino lo que a él le queda por delante. El presidente del Gobierno parece no haber entendido nada de lo que está sucediendo en España ni de lo que están sintiendo los españoles.
Está pasando algo tan trascendental como es el rebrote del Espíritu de Ermua, que fue un puñetazo de los ciudadanos en la mesa de los políticos y, gracias al cual, se cancelaron algunos tópicos que tanto daño hicieron a la consolidación democrática, como la necesidad de dar al nacionalismo la hegemonía en el País Vasco o la resignación ante la supuesta imbatibilidad de ETA. Pues bien, Rodríguez Zapatero ha confiado el éxito de su negociación política con los terroristas a su capacidad para convencer nuevamente a los españoles de que ni la nación española es más fuerte que los nacionalismos insolidarios, ni el Estado está en condiciones de ganar a ETA con la aplicación de la ley y la Justicia. Este auténtico lavado de cerebro que está practicando el socialismo a la sociedad española es la causa de que hoy alcance su punto de ebullición un malestar social que, más allá de siglas y partidos, ha ido cuajando en la opinión pública española.
Porque hoy no es sólo la oposición de los ciudadanos a la excarcelación de De Juana Chaos lo que va a convocar a centenares de miles de españoles en Madrid. Es la suma de todos los fracasos acumulados por el Gobierno socialista en cuestiones de interés nacional, en aquellos pilares de la convivencia democrática que se habían asentado por el consenso básico entre izquierda y derecha. Porque todo está relacionado. La negociación política con ETA requería la renuncia previa a una serie de valores inherentes a la idea de España como nación, al respeto sincero por los principios democráticos, a la defensa activa del Estado de Derecho y a la convicción de que el orden constitucional es la mejor arma para convivir pacíficamente y derrotar a los terroristas. El relativismo político de Rodríguez Zapatero, mostrado en tantos aspectos de su mandato, unido a una insólita ignorancia sobre la posición estratégica de España en el mundo y del Estado en España, se muestra con toda su intensidad en la ausencia de la más mínima reacción frente a ETA y Batasuna después del doble asesinato en la Terminal 4 de Barajas, a la que ha de sumarse la muerte de un anciano en Vitoria tras dos meses de agonía por culpa de un acto de «kale borroka». Por el contrario, cuanto más ansiaba la sociedad una rectificación del presidente del Gobierno, más se ha prodigado éste en ratificarse en la misma política errática y sin futuro en la que cada día se reconocen menos españoles.
Los motivos para manifestarse hoy son legítimos y responden a un sentimiento general en la sociedad, no a una consigna de partido, pues ni la acreditada capacidad de movilización del PP habría podido extender en tan poco tiempo y con tanta intensidad la demanda de cambio político que se palpa en el ambiente y también en las encuestas. Esto es Ermua, otra vez, porque la sociedad vuelve a tomar la delantera al Gobierno para exigir que se derrote a ETA, sin negociación, sin cesiones, sin vulnerar el Estado de Derecho. Y esto es democracia, porque es la voz de los ciudadanos la que se quiere hacer oír. Ninguna institución democrática puede sentirse devaluada por esta manifestación, aunque no se podría decir lo mismo de las formas de gobierno y las alianzas puestas en práctica por el PSOE. El Congreso ha sido una servidumbre de los pactos con las minorías. El Poder Judicial está acosado por acusaciones de deslegitimación procedentes del mismo Gobierno. El Ministerio Fiscal ha sido maniatado. Al Tribunal Constitucional se le llama al orden con el Boletín Oficial en la mano.
Este Gobierno no tiene autoridad moral para pedir respeto a las instituciones del Estado. Por eso, los ciudadanos, en cuya voluntad descansa la legitimación del sistema, tienen derecho a manifestarse sin ser tachados de agitadores. La democracia no es un objeto de culto que haya de guardarse en las vitrinas del Parlamento. También es el libre ejercicio del derecho de manifestación, sobre todo de quienes durante tres años han sido objeto de las estrategias más antidemocráticas, como el Pacto del Tinell, ese acuerdo de depuración del PP en la vida política suscrito, con el visto bueno de Rodríguez Zapatero, por el socialismo catalán con los independentistas republicanos y la extrema izquierda.
El PP ha sabido asumir la función de encauzar un sentimiento ciudadano espontáneo y demostrar que ha fracasado rotundamente el empeño del PSOE en anularlo como alternativa. Pero su responsabilidad como oposición no acaba hoy, ni debe limitarse a la política antiterrorista. Rajoy ya ha comprobado que hay posibilidades reales para un cambio político en España. También sabe que su discurso firme y templado de estas semanas no sólo no le ha restado el más mínimo apoyo, sino que ha empezado a ser oído en los espacios hasta ahora refractarios a los mensajes del PP. Habrá quien piense que la manifestación de hoy es una reacción desproporcionada ante un hecho aislado como la excarcelación de De Juana Chaos. Sin embargo, los grandes movimientos de protesta sólo necesitan una gota que colme el vaso de la paciencia, un detonante que active la reacción social. Y este es el papel que ha jugado la injusta excarcelación de este etarra. Simplemente, millones de españoles han dicho basta ante la actitud de un Gobierno que, en lugar de asumir su responsabilidad, ha emprendido una grave y falaz campaña de ecoso y derribo del rival político para tratar de desviar la atención de lo verdaderamente sustancial: que por primera vez en la reciente historia democrática, un Ejecutivo se ha plegado a las exigencias de un asesino terrorista, excarcelado en contra de la opinión mayoritaria de los españoles.