Banalizacion de la muerte

sabado 3 de marzo de 2007
Banalización de la muerte
NO existe justificación ética ni jurídica para la decisión de la Junta de Andalucía que autoriza la aplicación de la eutanasia a una enferma granadina. Inmaculada Echevarría solicitó que le fuera retirado el respirador que la mantiene con vida en el hospital donde se encuentra ingresada desde hace años con distrofia muscular. Los dictámenes favorables, con argumentos nada convincentes, han llevado a la Consejería de Salud a anunciar que se cumplirá la petición. Es una decisión muy grave porque afecta nada menos que a la vida de un ser humano, incluso con trazos de banalización de la muerte. De ahí que sea preocupante la frialdad de la consejera María Jesús Montero al considerar que se trata de un «debate muy interesante», como si fuera una cuestión académica o teórica. La disposición sobre la propia vida no está protegida por el ordenamiento jurídico ni es aceptable el auxilio directo o indirecto a quien pretende ponerle término, normalmente en una situación de debilidad física o de confusión psicológica. No basta, pues, con garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, que no sólo ampara -por cierto- a los profesionales del Hospital de San Rafael de Granada, centro concertado que gestiona una orden religiosa, sino también a los que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. La diferencia entre eutanasia y rechazo a un tratamiento previamente instaurado, que utilizan los responsables de esta criticable decisión, es artificial y carece de rigor científico. Lo único cierto es que la Junta va a facilitar los medios para poner fin a la vida de una persona, creando así un precedente que puede provocar otras situaciones análogas.
El derecho a la vida proclamado en la Constitución no es susceptible de interpretaciones restrictivas ni de planteamientos retóricos. La legislación comparada no ofrece modelos permisivos que puedan ser invocados y, en el terreno moral, la gran mayoría de los expertos plantea objeciones muy serias. No se trata, como pretenden determinados sectores laicistas, de contraponer una visión supuestamente «científica» y otra de tipo religioso. La prioridad de la vida humana es un elemento nuclear en una sociedad civilizada más allá de creencias o de ideologías. Es más, el derecho a la salud, exige ofrecer cuidados hasta el límite de las posibilidades materiales. Utilizar medios públicos para provocar la muerte y no para defender la vida supone una contradicción insalvable. En este punto, una mentalidad que se dice progresista ofrece una discrepancia entre sus principios y sus consecuencias. Entre otras cosas porque si se admite un caso excepcional, el punto de llegada puede ser un auténtico drama en el que la vida sea objeto de transacción entre un paciente abrumado por su propia situación y un poder omnipotente que toma decisiones más allá de su ámbito de competencia.