Impacto real de la telefonia movil

sabado 3 de marzo de 2007
Impacto real de la telefonía móvil
EN España la ley ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a la vez que exige a los poderes públicos garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. El Ejecutivo debe por tanto respetar una y otra previsión legal, buscando un equilibrio razonable de los intereses afectados en cada caso. La puesta en marcha de la ley que exige la tarificación de los teléfonos móviles por segundos en conexión con la subida de tarifas por parte de algunas compañías ha generado una cierta protesta social, plasmada en un supuesto «día sin móvil», que para ser realistas tuvo un éxito muy limitado. Éxito precario al que además, contribuyó de manera irresponsable el ministro de Industria, que ha quedado en mal lugar con su apoyo a medias a dicha iniciativa. Joan Clos debería ser consciente de que hay actitudes de tono populista que están vedadas a los miembros del Gobierno -más aún al ministro del ramo- porque la línea que separa lo ingenioso de lo ridículo suele ser muy fina y a Clos no le caracteriza precisamente la sutileza en sus planteamientos.
La torpeza del ministro se produce además cuando algunos han pretendido vincular la subida de tarifas con la presentación de resultados de Telefónica, que cierra el mejor ejercicio de su historia tras obtener un beneficio neto de 6.233 millones. La confusión interesada es el peor camino posible cuando se habla de empresas sujetas a fuerte competencia en el plano internacional y de las que depende en buena medida una imagen de pujanza de nuestro país en el exterior. Telefónica es la primera empresa española y, en su sector, es la tercera operadora del mundo por número de clientes gestionados. Por ello, antes de evaluar los efectos derivados de la nueva tarificación, conviene tener presentes algunos datos concluyentes. Los ingresos generados por operadoras de telefonía móvil representaron en 2005 el 1,2 por ciento del PIB y la contribución del conjunto de la telefonía móvil a dicho PIB se situaba en ese mismo año en el 1,7 por ciento. El sector soporta una fuerte presión fiscal, de modo que contribuye decisivamente a la financiación del gasto público: en 2006, la cifra se sitúa en 332 millones de euros para las Haciendas de las diversas administraciones públicas.
Además, el impacto de la telefonía móvil puede calificarse -sin exageración alguna- de espectacular. A finales de 2006, se contabilizaron 46,3 millones de aparatos, un número que supera a la población española, lo que sitúa la tasa de penetración del servicio en un 103 por ciento; y en el 82 por ciento de los hogares españoles hay al menos un teléfono móvil. Habrá que recordar también la notable aportación del sector al desarrollo tecnológico y la incidencia de este medio en la configuración de la vida cotidiana de la inmensa mayoría. Los beneficios empresariales derivan, por tanto, de la prestación con altos niveles de calidad de unos servicios que demandan los clientes, y no de unas tarifas supuestamente abusivas. Las leyes deben cumplirse, por supuesto, pero antes de hacer afirmaciones gratuitas o apuntarse a campañas con escaso fundamento hay que ver las dos caras de la moneda.