Consumidores de juguetes peligrosos

jueves 16 de agosto de 2007
Consumidores de juguetes peligrosos
LA multinacional estadounidense Mattel ha anunciado la retirada urgente de más de 18 millones de juguetes peligrosos, de los cuales medio millón están a día de hoy a disposición de los consumidores españoles. La medida alcanza, entre otros, a modelos tan populares como Batman, Barbie y el todoterreno «Sarge», afectados por pequeños imanes y objetos magnéticos o por pinturas con alto contenido en plomo. El riesgo de asfixia, de intoxicaciones y de otras lesiones diversas ha generado una lógica alarma social. Miles de familias acuden ya a la línea telefónica habilitada para informar a los consumidores, pero se han encontrado con que el teléfono -que, por cierto, es una línea de pago- no funcionó ayer durante buena parte de la jornada, un fallo injustificable a pesar de la festividad del día. Los usuarios se sienten desprotegidos precisamente porque la preocupación crece en periodos de vacaciones que permiten a los niños disponer de tiempo libre para manipular los juguetes. La reacción de la empresa peca de falta de transparencia y agilidad, generando una fuerte desconfianza. De hecho, en Estados Unidos se ha informado de que tres niños han precisado de intervenciones quirúrgicas por tragarse algunos de estos imanes. Es exigible por tanto que Mattel ofrezca una respuesta acorde con la gravedad del problema y con su condición de firma comercial de referencia en un sector especialmente vulnerable porque está en riesgo la salud de los más indefensos.
Los poderes públicos tienen una parte importante de responsabilidad. Es inadmisible la excusa de que los juguetes se fabrican en China, como si fuera un valor entendido que permite mirar para otro lado. No es la primera vez que se plantea esta situación y, si no se toman medidas, tampoco será la última. De hecho, el Instituto Nacional de Consumo obligó en 2006 a retirar del mercado más de 70.000 unidades de juguetes y de ellos casi el 80 por ciento procedían del continente asiático. Las comunidades autónomas cuentan con competencias en materia de inspección y sanción, y están obligadas a desarrollar mecanismos eficaces para controlar a ciertos establecimientos que, según es fácil constatar, incumplen las reglas más elementales de seguridad. Una cosa es que en China se fabriquen productos más baratos y otra que tales productos carezcan de las mínimas exigencias de salubridad. De hecho, nadie se toma en serio la «réplica» de las autoridades de Pekín, que han decidido prohibir el comercio de unas galletas norteamericanas. Tampoco se puede jugar impunemente con la garantía que ofrece la Unión Europea a determinados productos comerciales. Así pues, el Ministerio de Sanidad y Consumo y las consejerías autónomas competentes tendrán que hacerse presentes en este asunto y tranquilizar a los afectados.
El nuevo ministro, Bernat Soria, está obligado a hacer y decir algo, aunque sea una materia ajena a su especialidad profesional, porque debe acostumbrarse a que un político tiene obligaciones muy diferentes a las que incumben a un científico. La opinión pública es muy sensible a los problemas que afectan al consumo, uno de los índices de calidad de vida que refleja la madurez de una sociedad. Los tiempos del aceite de colza o del lucro fácil a base de productos defectuosos han pasado felizmente a la historia. El artículo 51 de la Constitución exige que los poderes públicos garanticen la defensa de consumidores y usuarios y establezcan medidas en defensa de la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Existe ya una prolija legislación al respecto en el ámbito estatal y autonómico, así como múltiples reglamentos y directivas procedentes de la Unión Europea. Es hora de aplicarlos con rigor, de acuerdo con las organizaciones representativas del sector que han comenzado ya a mostrar su malestar con la forma de gestionar esta crisis por parte de la empresa y de las diversas administraciones públicas.