Rubalcaba insiste, pero no convence

miercoles 14 de marzo de 2007
Rubalcaba insiste, pero no convence
LA comparecencia del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante la Comisión de Justicia e Interior no estuvo ayer a la altura de las expectativas que anunció el secretario de Organización del PSOE, José Blanco. Si lo que el Gobierno y el PSOE pretendían era montar un auto de fe contra la política penitenciaria del PP para descalificar las críticas de los populares a la excarcelación del etarra De Juana Chaos, uno y otro han fallado. Es cierto que Rubalcaba se detuvo ampliamente en repasar la política penitenciaria del Gobierno del PP, pero lo hizo con una utilización selectiva, sesgada y arbitraria de los datos. Su intervención fue genérica en las acusaciones, insuficiente en los ejemplos y contradictoria en la defensa del actual Gobierno. Después de oír a Rubalcaba no se sabe bien si el PSOE sigue apoyando la política penitenciaria del PP porque era legal, como dijo el ex ministro de Justicia, López Aguilar, o la repudia porque se basó en «redenciones extraordinarias ilegales», como sentenció el ministro del Interior.
Rubalcaba situó la línea de corte de su aventura retrospectiva en 1996, para, a continuación, calificar la política penitenciaria desarrollada desde entonces por el PP como un «caos consentido». Lo que no explicó Rubalcaba fue la razón por la que los socialistas apoyaron entonces esta política, tan poco defendible y contraria a Derecho. En este recorrido por los mandatos del PP, Rubalcaba obvió cualquier referencia a la normativa heredada de los gobiernos socialistas, que es un dato relevante para entender lo que pasó. Por ejemplo, el PSOE no sólo ratificó el sistema de beneficios penitenciarios en la reforma penal de 1983, sino que lo amplió. Después, el Gobierno socialista se opuso sistemáticamente a toda reforma de este sistema de beneficios penitenciarios para excluir de su concesión a los terroristas y asegurar el cumplimiento íntegro de sus condenas. Se opuso en 1986, afirmando en el Congreso de los Diputados que «sería inconstitucional privar de la redención de penas por el trabajo a quienes hayan cometido acciones terroristas». En diciembre de 1990, el Gobierno socialista se comprometió a reformar la legislación penal para introducir el cumplimiento íntegro de condenas, razón por la que el PP retiró una proposición de reforma en este sentido. Sin embargo, el PSOE no cumplió su compromiso y el PP volvió a presentar su reforma en 1991. Los socialistas, por boca del diputado Rodríguez Zapatero, se opusieron también con la descalificación de que era una proposición «reaccionaria». Incluso en la tramitación parlamentaria del Código Penal de 1995, que sí suprimió la redención de penas por el trabajo, el PSOE se opuso al cumplimiento íntegro de las condenas a terroristas, tal y como solicitaba el PP. Hubo que esperar a 2003, en el segundo mandato de Aznar, para introducir el cumplimiento íntegro en el Código Penal.
El ministro también alteró la realidad histórica de los beneficios penitenciarios cuando afirmó que su concesión era discrecional por las autoridades penitenciarias. No era esto lo que decía el Gobierno socialista en la exposición de motivos del proyecto de Código Penal de 1992, que no se aprobó por la disolución anticipada del Parlamento en 1993. En concreto, dicha exposición decía que «el Código decide acabar con la llamada redención de penas por el trabajo, sistema que con independencia de su oscuro origen político, se ha transformado en un mecanismo automático de reducción de la duración de las penas, independiente de la conducta del interno (...)». Es decir, no sólo los beneficios penitenciarios acortaban la pena automáticamente, sino que producían este efecto sin consideración por el comportamiento del recluso, a quien le bastaba realizar actividades laborales para lograr la concesión de tales beneficios.
Tampoco se ajustó a la verdad de los hechos la afirmación de Rubalcaba de que los etarras comenzaron a solicitar medidas de reinserción a partir de 1996. Ya en 1992, la dirección de ETA ordenó a sus presos que iniciaran una huelga de hambre contra los reclusos que habían decidido reinsertarse. En 1993, el Gobierno socialista indultó a siete etarras, alguno de ellos con delitos de sangre. Al inicio de la tregua de 1998, fue el socialista Joaquín Almunia quien volvió a plantear a Aznar la necesidad de conceder medidas de gracia a los etarras. Durante 1994, el ministro Juan Alberto Belloch promovió una política muy generosa de concesión de terceros grados que implicó la puesta en semilibertad de terroristas con altas condenas, como fue el caso de Ignacio Apiláñez Olalde, condenado a 215 años de prisión. Muchos presos etarras comenzaron desde entonces, antes de 1996, a acogerse a los beneficios penitenciarios y a las progresiones de grado.
En cuanto al «caos consentido» de la política penitenciaria del PP, Rubalcaba recordó que el Gobierno de Rodríguez Zapatero había puesto orden con una instrucción de 2004 de Instituciones Penitenciarias, en la que se fijaban criterios de valoración de las actividades de los presos para obtener la redención de penas por el trabajo. Lo que no dijo el ministro es que ese mismo documento reconoce que las indicaciones sobre beneficios penitenciarios afectaban al «minoritario grupo de internos que aún cumplen condena conforme al C.P. de 1973». Es decir, que esta instrucción de 2004 no iba a tener relevancia en la modificación del régimen de redención de penas por el trabajo, porque apenas quedaban reclusos a los que pudieran aplicarse. Incluso cuando la Audiencia Nacional pretendió en enero de 2005 revisar los beneficios concedidos a dos etarras -Eduardo Sainz Lobato y Pedro María Aira- no pudo evitar su excarcelación, porque la redención de sus penas se había realizado legalmente. A pesar de los reproches de pasividad que Rubalcaba lanzó contra el PP, habría que recordar la disputa legal que mantuvo la Fiscalía, bajo la jefatura de Jesús Cardenal, con la juez de vigilancia penitenciaria, Ruth Alonso, quien concedió polémicos terceros grados y libertades condicionales a presos etarras, decisiones que luego fueron revocadas en su mayoría. La fiscal encargada de recurrir estas excarcelaciones tuvo que abandonar el País Vasco por las amenazas que recibió.
Rubalcaba arriesgó mucho y apenas obtuvo beneficio alguno. Realmente, la escasez de argumentos contra la política penitenciaria del PP reveló nuevamente el estado de impotencia del PSOE por quitarse de encima la carga de la excarcelación de Juan Ignacio de Juana Chaos. Menos convincente fue el ministro de Interior al intentar explicar la decisión excepcional de enviar a este etarra a San Sebastián. «Ni muerto, ni libre». Lo primero es cierto, pero en el Hospital Doce de Octubre de Madrid tampoco se habría muerto, salvo que se hubiera suicidado. Lo segundo no es cierto, porque la orden de Instituciones Penitenciarias es que De Juana se vaya a su casa en cuanto tenga el alta médica. Si esto era todo lo que el PSOE tenía contra el PP, mejor habría hecho en esperar a otra ocasión y en no dar pie a que le recordaran aquel estigma del Estado de Derecho que fue el GAL.