Escarnio a la justicia

jueves 22 de marzo de 2007
Escarnio a la Justicia
LA Fiscalía General del Estado ha consumado la más grave agresión contra el Estado de Derecho desde que el Gobierno inició el diálogo político con ETA. La retirada de acusación contra Arnaldo Otegi no sólo ha provocado su absolución del delito de enaltecimiento del terrorismo por el que era acusado, sino que ha sentado el precedente más diáfano para la impunidad que exige ETA para sus dirigentes y militantes. Conde-Pumpido estaba predispuesto a esta decisión, aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional presionó hasta lo intolerable para que fueran los magistrados quienes le hicieran el trabajo sucio de quitar de en medio este molesto juicio, por lo menos hasta después de que ETA emitiera el supuesto comunicado que habría de justificar el empeño de Zapatero por negociar con los terroristas. Los jueces no se han plegado, han cumplido con su deber y han obligado al fiscal a asumir la plena responsabilidad de sus actos, con una retirada de acusación que es un escarnio a la Justicia, una ofensa a las víctimas y una conducta que merece una explicación en todos los ámbitos pertinentes. El Gobierno es el responsable directo de la decisión de Cándido Conde-Pumpido, y éste lo es de haber sumido a la Fiscalía en un desprestigio histórico, implicando a una institución creada para defender la legalidad en una estrategia política de un Ejecutivo y de un partido, permitiendo la impunidad de quien ya ha demostrado ser terrorista y está procesado por seguir siéndolo en grado dirigente. La Constitución y las leyes no consienten que se ejerza la acción penal con sentido de oportunidad. Está sometida al ordenamiento jurídico y la Fiscalía es la institución que debe proteger a los ciudadanos frente a los delincuentes sin atender a razones de coyuntura. Lo que ayer sucedió en la Audiencia Nacional es una deslealtad con la Constitución de la que debe responder el Gobierno en el Parlamento y ante los ciudadanos.
Técnicamente, la decisión de la Fiscalía es inaceptable. Ya había acusado a Otegi por los mismos hechos -el homenaje a la etarra Olaia Castresana- y obtuvo sentencia de condena, cuya posterior anulación hizo que ayer se celebrara un nuevo juicio. Siendo los mismos hechos en ambos procesos, y habiendo mantenido la acusación durante este tiempo, la decisión del fiscal general y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, es una arbitrariedad escandalosa. Son los propios fiscales los primeros que deben sentirse concernidos por este ejercicio abusivo de las facultades jerárquicas de sus superiores.
El Gobierno ya no puede decir que no ha pagado un precio político a ETA. Lo ha hecho con la moneda más valiosa del Estado de Derecho, que son la ley y la justicia. Lo hizo con la irregular excarcelación del asesino De Juana Chaos. Y lo volvió a hacer ayer con la absolución regalada a Otegi. Si ahora ETA premia al Gobierno con un comunicado favorable, la infamia de estas decisiones de impunidad judicial se hará aún más patente, pues habrá acreditado que el Ejecutivo está dispuesto a cualquier cesión con tal de lograr un acuerdo con los terroristas. Los ciudadanos no se han equivocado con las intenciones del presidente del Gobierno ni las manifestaciones de estos años han sido gratuitas. Las víctimas no estaban manipuladas al desconfiar ni el PP exageraba al situar la política del Gobierno sobre ETA en el eje del debate político. Todas las críticas y las sospechas estaban legitimadas y responden a la clara percepción de que este Gobierno ha puesto en almoneda los principios básicos que hacen fuerte a un Estado frente a sus agresores.
Ahora cabe preguntarse cuál será el próximo pago, qué precio más alto está dispuesto a abonar el Gobierno y qué exigencia etarra será la que se satisfaga a continuación. ¿Cree el Gobierno que así va a disipar las dudas de los navarros? ¿O que Zapatero es creíble cuando dice que aplicará la ley de Partidos Políticos? El Gobierno ha celebrado el primer aniversario de la tregua de ETA anotando dos éxitos rotundos a la estrategia del chantaje terrorista: la excarcelación de De Juana y la impunidad de Otegi. Se trata del Estado de Derecho y de la dignidad de la justicia, el fundamento mismo de una democracia que ayer vivió un día negro.