Conde-Pumpido presume de haber parado veinte querellas contra Losantos
Miguel Ángel Orellana
La conexión entre La Moncloa y la Fiscalía General del Estado ha sido en el "caso Otegi" tan evidente que se han disparado todas las alarmas, aunque él aún presuma de independiente.
27 de marzo de 2007. El guión había sido escrito en La Moncloa con la inestimable ayuda del Fiscal General del Estado y se ha cumplido convenientemente. La directriz era clara y su ejecución ha resultado rigurosa: había que tratar bien al principal líder de Batasuna y así ha sido. El Gobierno ha salvado de la cárcel a Arnaldo Otegi por un supuesto enaltecimiento del terrorismo. Un nuevo logro de Cándido Conde-Pumpido en su denodada batalla por socavar el Estado de Derecho, al servicio de José Luis Rodríguez Zapatero.El presidente del Gobierno y su Fiscal General del Estado juegan fuerte, aunque a la propia judicatura le resulte cuanto menos chocante que sea precisamente el Ministerio Público quien acabe ejerciendo el papel de co-abogado defensor de un personaje como Otegi, la cara más conocida de Batasuna. Lo vivido la semana pasada en la Audiencia Nacional es la confirmación de que el ininterrumpido proceso de paz no es nada más que una continúa humillación a las víctimas, a la libertad y al Estado de Derecho. Esto causa perplejidad y confirma una vez más que la indolencia de Conde-Pumpido tiene causas políticas.Al Fiscal General se le han agotado todos los cartuchos que viene disparando para negar que esté a disposición del Ejecutivo de Zapatero. La ciudadanía nunca entenderá que Cándido Conde-Pumpido, que tiene la obligación de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público (artículo 124 de la Constitución), no haya apoyado la acción penal emprendida contra Arnaldo Otegi. La autonomía del Ministerio Público se escapa por el sumidero y, sin embargo, el propio Conde-Pumpido aún niega la mayor y, según le consta a este periódico, ha sido capaz de echar mano en privado a quien quiera oírle de los más extravagantes argumentos.Agotados todos los razonamientos legales para obstruir el vía crucis de ETA-Batasuna, y en su alocada carrera por disculpar las chiquilladas de los terroristas, el Fiscal General llega al disparate, negando que esté poniendo el principio de "dependencia jerárquica" del Ministerio Público al servicio de los intereses políticos del Gobierno del PSOE. "Yo no he dado curso a una veintena de querellas contra Federico Jiménez Losantos", ha regurgitado, siempre en privado, Cándido Conde-Pumpido (objeto habitual de los más certeros dardos matutinos del presentador y director de La Mañana de COPE), para que nadie le pueda negar su supuesto compromiso en defensa de la legalidad. Váyase a silbar a la vía, don Cándido, que es lo único que cabe hacer ante proclama tan manifiestamente filibustera. Si Conde-Pumpido debe echar mano de una supuesta baza contra un líder de opinión capaz de movilizar a millones de ciudadanos para pregonar un afán rigorista frente a su probada indolencia, ¿qué puede pasar todavía en adelante? La forma que ha utilizado para paralizar los mecanismos judiciales en la lucha contra el terrorismo es la demostración clara y evidente de sus objetivos y de sus intenciones. La lista es larga, preocupante y demoledora para una sociedad que pensaba que ETA y sus satélites estaban acorralados. Con la absolución de Otegi la Fiscalía General vuelve a enviar un mensaje a los terroristas etarras. Su jefe, José Luis Rodríguez Zapatero, está dispuesto a una rendición sin condiciones. ¿No será que el Fiscal General quiere ser diputado en la próxima legislatura y ya se está entrenando? La actuación de Cándido Conde-Pumpido no es propia de una persona que representa a una institución esencial del Estado, un organismo clave a estas alturas para el desenlace de la legislatura. Una legislatura de infarto. Pero está claro que Zapatero no lo nombró para hacer honor a su cargo.
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