Juicio con garantias

Juicio con garantías
07.10.2008 -

L a fijación para el 8 de enero del juicio contra el lehendakari Ibarretxe, los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares y los representantes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Juan Joxe Petrikorena y Olatz Dañobeitia por las reuniones mantenidas durante la última tregua de ETA acaba con la incertidumbre sobre una fecha que se aguardaba desde que se confirmó el procesamiento de los imputados y la definitiva composición de la Sala de lo Penal del TSJPV encargada de dictar sentencia. El aplazamiento hasta dentro de tres meses de la vista oral y, singularmente, su coincidencia con la precampaña de los comicios autonómicos previstos para marzo pueden haber suscitado una cierta sorpresa, dado que cabía la posibilidad de distanciar la inédita imagen de los acusados en el banquillo del previsible momento de la convocatoria electoral. Pero si algo vuelve a demostrar el auto dictado ayer es que los ritmos de la Justicia operan en un estadio diferente al que pueden hacerlo la disputa política y las conveniencias partidarias, aunque resulte ingenuo pensar que el proceso no interferirá en el reñido camino hacia las urnas. Sin embargo, rebajar o elevar el volumen de esa interferencia no depende de los que administran Justicia, y sí de aquéllos que, encontrándose directamente afectados por la causa, están obligados al tiempo por una responsabilidad institucional y política -que atañe particularmente al lehendakari- a encauzar su legítimo descontento hacia el terreno de la mesura y la racionalidad.
La disconformidad que ha suscitado un procedimiento tan excepcional y dilatado en sectores significativos de la política y la sociedad vascas no puede llevar a cuestionar las garantías con que se ha desarrollado el mismo, y tampoco a incidir, como ha hecho el tripartito, en que lo que se está incriminando es genéricamente 'el diálogo' y no unas entrevistas concretas con una formación proscrita por su vinculación con el terrorismo de ETA. La salvaguarda del sistema judicial resulta imperativa aunque se discrepe de sus actuaciones, especialmente cuando ese mismo sistema sufre la amenaza constante de los violentos y el hostigamiento de una izquierda abertzale que siempre tiende a interpretar la mano tendida como una concesión hacia sus inaceptables reivindicaciones. De la renuncia por parte de quienes lideran las instituciones vascas a convertir el juicio en una expresión de victimismo dependerá en buena medida que el mismo no se transforme en una plataforma para la legitimación de aquéllos que han despreciado reiteradamente la legalidad

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