Enrique Badia, Lo otra cara del plan

juevees 30 de octubre de 2008
La otra cara del plan

Enrique Badía

Está por ver hasta qué punto las medidas de apoyo, cobertura y rescate puestas en marcha por el Gobierno sirven para solventar siquiera parte de los efectos de la honda crisis. Cuando se apliquen de forma efectiva será posible evaluar sus efectos, pero de momento ya han planteado un asunto tan espinoso como relevante: el grado de transparencia de su asignación concreta. Dicho de otra forma, si debe publicitarse o no qué entidades y en qué cuantías se acogen y benefician del plan gubernamental.

El argumento esencial de quienes, desde el propio sistema financiero, se han pronunciado contra la transparencia es apreciable, pero también reversible y no del todo coherente con otros razonamientos previos a la articulación del plan.

Es difícil negar la posibilidad de que acogerse al plan gubernamental pueda ser interpretado como síntoma de problemas mayores que los realmente padecidos por la entidad. Pero también puede ocurrir lo contrario: que el conocimiento exacto de las ayudas requeridas despeje rumores, temores e incógnitas que, no conviene olvidarlo, están justo en la base de los problemas de confianza que aquejan al sistema financiero desde hace meses.

Algún directivo bancario ha manejado como ejemplo las muchas barbaridades que en las últimas semanas se han difundido sobre entidades acogidas a los planes de rescate en los respectivos países. Sin duda tiene razón, pero sería inexacto culpar a esas versiones del clima de desconfianza instalado por todas partes, por insolventes o inexactas que determinadas informaciones hayan podido ser.

Cualquiera se ha hartado de leer, escuchar y repetir en las últimas semanas que restablecer la confianza en el sistema financiero era vital. De hecho, ha sido la justificación básica para decidir movilizar cientos de miles de millones de euros de los presupuestos públicos. ¿De dónde surgía esa desconfianza enquistada por todas partes? ¿No era consecuencia de una acusada falta de transparencia?

La realidad es que las entidades financieras dejaron de prestarse unas a otras, en gran medida porque no conocían lo afectada que podía estar cada una, fuera porque no lo revelaban o debido a que ninguna se fiaba de los datos ajenos, ¿acaso porque los propios enmascaraban la situación? En paralelo o acto seguido, los inversores hicieron lo mismo, depreciando aceleradamente el valor atribuido a las acciones bancarias, o negándose a inyectar capital en las que, de forma por lo general bastante súbita, confesaban una situación de aguda insolvencia patrimonial.

Afortunadamente, salvo en algún caso aislado, la cosa no pasó de ahí, pero los responsables bancarios no pueden ignorar que cierta inquietud ha acabado instalándose en la sociedad. ¿O es que desconocen las dudas surgidas sobre en qué medida estaban o no seguros los depósitos, los ahorros, los planes de pensiones y demás fondos en tal o cual entidad? Precisamente por eso, los gobiernos europeos, el español incluido, se apresuraron a elevar la garantía fijada para las cuentas corrientes en todo el sistema. Lo que no se puede decir, porque no es cierto, es que la inquietud de los depositantes surgiera como consecuencia de publicación alguna que hubiera puesto en entredicho la solvencia de ninguna de ellas.

Luego, si el origen de los problemas ha sido, cuando menos en parte, la pérdida generalizada de confianza, ¿hay mejor antídoto que la transparencia para tratar de restablecerla, cuanto antes, mejor?

Más de un observador ha recalcado en fechas recientes lo inconveniente de reiterar en exceso que no existe problema alguno en el sistema financiero español. Basta el sentido común para sospechar que es poco probable que, dicho de forma genérica, nadie haya resultado afectado por una crisis que es ante todo global. Puede ser cierto, y probablemente lo es, que los percances sean aquí menores que en otros países: menos entidades afectadas y ninguna inmersa en situaciones de alta gravedad, pero negarlos sin matices es presumible que induzca a pensar que algo se puede estar ocultando, con el riesgo de que la imaginación discurra por territorios mucho peores que la realidad. Por otra parte, si no hubiera problemas, ¿haría falta un plan?

Valdría, por tanto, considerar que el mejor antídoto contra la rumorología -cala sin necesidad de aparecer publicada- es revelar con exactitud, rigor y certeza quién tiene problemas, cuál es su grado y en qué medida requiere ayuda, como premisa para que sea creíble la afirmación de que no los tienen los demás.

Es poco discutible que los contribuyentes tienen todo el derecho a saber, hasta el más ínfimo detalle, qué se hace con su dinero, pero no es menor el que asiste a cualquier inversor o depositante en una entidad financiera a conocer cuál es su verdadera salud y si ha solicitado o no ayuda estatal.

Uso de fondos públicos y transparencia deberían ser conceptos indisociables, y quienes apelan a su cobertura tenerlo presente, estando como están asistidos de plena libertad para acudir a los beneficios del plan o seguir su camino basados en sus propios medios y su privativa elección entre transparencia y opacidad.

http://www.estrelladigital.es/ED/diario/50320.asp