Dependencia irregular

Dependencia irregular

Lunes, 27-10-08
APROBADA a bombo y platillo en la pasada legislatura, la ley de Dependencia fue definida como el proyecto «estrella» de la política social del PSOE y levantó grandes expectativas en muchos miles de familias españolas. Sin embargo, es fácil constatar que existen graves deficiencias para la puesta en práctica de una normativa muy compleja desde el punto de vista administrativo y financiero. De hecho, crece a diario la disparidad en su aplicación, según las diversas comunidades autónomas, alimentando la sospecha de que se rompe la igualdad entre los españoles y se desconoce el principio de solidaridad. Hoy informa ABC sobre el cumplimiento de la ley en Andalucía, que ofrece algunos datos muy significativos. Así, el carácter excepcional de la calificación de «gran dependiente» no impide al Ejecutivo que preside Manuel Chaves otorgar dicha condición a más de 100.000 personas, frente -por ejemplo- a las 17.000 declaradas como tales en Madrid. En el mismo sentido, la Comunidad andaluza otorga 28.000 ayudas a familiares por cuidado de enfermos, lo que representa un porcentaje muy elevado sobre una previsión razonable de distribución de la carga entre la sanidad pública y la familia del beneficiario. Sin necesidad de asumir las críticas sobre una eventual política de subvenciones encubiertas por esta vía indirecta, es notorio que dichas cifras deberían ser justificadas caso por caso para evitar cualquier atisbo de arbitrariedad o discriminación en una materia tan sensible.
Una vez en vigor esta o cualquier otra norma, la obligación ineludible del Gobierno y de las comunidades autónomas -con independencia de las mayorías políticas- es aportar los recursos materiales y humanos necesarios para cumplir sus previsiones. La crisis, por supuesto, no puede servir de excusa para recortar unos fondos que el Estado tiene que aportar en un 40 por ciento y que, según se hizo público hace poco en Cataluña, no llegan con la necesaria fluidez en la fórmula prevista de anticipos a cuenta. También es cierto que no todas las comunidades han desarrollado de manera homogénea los mecanismos administrativos y presupuestarios exigibles, provocando así una disparidad que resulta incompatible con el principio constitucional que exige la igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional. El Ejecutivo y los responsables autonómicos tendrán que ponerse de acuerdo cuanto antes para aprobar unos criterios rigurosos y eficaces en la aplicación de la ley, incluyendo un sistema transparente de supervisión. Hay que evitar agravios e irregularidades que causan un grave daño a la legitimidad del sistema y demuestran el fracaso de los mecanismos de coordinación administrativa cuando el propio Gobierno alienta una política territorial que rompe el principio de cooperación y tiende a que cada uno actúe por su cuenta. Volviendo al caso citado, si la condición de «gran dependiente» sólo está concebida para casos especiales, es inaceptable que en unas comunidades se conceda con criterios laxos y en otras, con requisitos estrictos.
El Gobierno socialista es especialista en crear expectativas que luego no se cumplen en la realidad. La política social no se hace llenando las páginas del Boletín Oficial de disposiciones plagadas de promesas que no se traducen en prestaciones efectivas para los ciudadanos. Pese a la crisis, el Gobierno no puede desentenderse ahora del cumplimiento de una ley que calificó de prioritaria e imprescindible y que se aprobó entre grandes alardes retóricos acerca de los beneficios del Estado del Bienestar y de la libertad concebida como autonomía personal. Se trata de cubrir una necesidad social que recae de forma casi exclusiva sobre el ámbito familiar y que genera dificultades muy serias en la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Por ello, el Gobierno y las comunidades tienen que cumplir con sus compromisos y no sólo por razón de intereses partidistas, sino, sobre todo, porquen tiene que dar cumplimiento a una obligación constitucional basada en el principio de igualdad y en el servicio al interés general.

http://www.abc.es/20081027/opinion-confidencial/dependencia-irregular-20081027.html