¿Debe existir una televisión pública en la Sociedad de la Información?

¿Debe existir una televisión pública en la Sociedad de la Información?
Por Ana Ortiz
Análisis nº 305

viernes 24 de Octubre de 2008

Hace algunos meses que se ha abierto el debate sobre el eterno tema de la televisión pública, su viabilidad económica y el sentido último de su existencia como tal. No solo en España. También nuestros vecinos europeos comienzan a cuestionarse cuál es el papel de los entes públicos en la Sociedad de la Información, donde la revolución tecnológica permite que cualquier aficionado que entienda un poco y tenga algo de maña, cree su propia televisión en una página web. Bien es cierto que el debate se ha abierto desde el sector privado ante la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con los entes públicos, pero no está de más que se aproveche esta coyuntura para poner sobre la mesa el verdadero debate: ¿debe seguir existiendo una televisión pública?

En España, la resolución del problema económico de la misma es un asunto comodín que llevan en cartera todos los partidos políticos, sabedores de que el consumidor está bastante cansando de que sus impuestos vayan a parar a un gigante cada vez más endeudado y que está manejado por los políticos de turno, en mayor o menor medida.

¿A quién beneficia su existencia? ¿Cumple con los objetivos de servicio públicos esperados y marcados por la ley?

Buenas intenciones

“En mi opinión, el papel de la televisión es central en una sociedad democrática. Conforma las pautas culturales de esa sociedad, canaliza la libertad de expresión y el derecho a la información. Transmite valores, canaliza la información política (cada vez más condicionada por el soporte audiovisual) y es un instrumento esencial de relación de la ciudadanía. No sólo con su propio entorno, sino con otras realidades, con el escenario internacional. Es también una vía de ocio, de entretenimiento, de acceso a la cultura, al cine, a determinados aspectos de la formación, a servicios esenciales.

Y no sólo cumple una función de servicio público cuando garantiza el derecho a la información de la ciudadanía. Lo hace también cuando contribuye a su formación cívica, cultural, social, a su educación entendida en sentido profundo, universal, incluso a extender pautas de conducta en campos como la sanidad, la prevención de accidentes, la atención a los sectores más vulnerables de la sociedad, la educación a distancia. Cuando contribuye a generar una conciencia crítica colectiva”.

Con estas palabras explicaba Carmen Caffarel, primera directora general del Ente nombrada por el presidente Zapatero, su visión del papel que debía jugar la Televisión Pública (Foro Dircom, Asociación de la Prensa, el 22 de noviembre de 2004).

Completamente de acuerdo con la primera parte reseñada en este análisis. El papel que juega la TV – pública o privada- en la formación de la sociedad es de enorme importancia. Aunque cada vez sea mayor la participación gracias a los SMS, es un medio que requiere de una actitud pasiva, que le ha llevado a ganarse el apelativo de “la caja tonta”.
Precisamente por eso, no se entiende por qué la televisión pública debe jugar ese rol educador y formador en un entorno donde la sociedad reclama su derecho al libre pensamiento, que vive en un entorno social y que puede acceder a cualquier información de cualquier sitio del mundo en tiempo real.

Por la misma razón, la segunda parte de la reseña merece una segunda reflexión. Nadie ha garantizado nunca que ese derecho a la información se haga de forma objetiva. No hay más que observar cualquier telediario para comprobar su perfil ideológico. Es peligrosísimo que una televisión pública tenga la potestad sobre la sociedad de contribuir “a su formación cívica, cultural, social, a su educación”. De este modo, estaremos contribuyendo con nuestros impuestos, a la creación de ciudadanos en serie, de acuerdo al color de los gobiernos.

El quid de la cuestión está en resolver si verdaderamente tiene sentido que exista una televisión pública. Tuvo su sentido cuando comenzó y no había mercado audiovisual, al igual que tenía sentido la existencia de una empresa de telefonía pública. Hoy, el mercado de las telecomunicaciones es libre y hay operadores de telecomunicaciones en competencia. El ciudadano puede elegir el operador que desee para hablar por teléfono o conectarse a Internet, al igual que elige el periódico o la película que verá en el cine. ¿Por qué el contribuyente tiene que seguir sosteniendo un medio de comunicación politizado cuando ya no contribuimos al sostenimiento de la telefonía pública, por ejemplo?

El debate no está en el terreno económico, aunque este sea el principal motivo de discrepancia en el sector, por cuestiones del reparto de la tarta publicitaria. El verdadero debate está en dirimir si hoy tiene sentido disponer de una televisión pública. Lo que los estados deben garantizar con nuestros impuestos es el derecho de acceso a los medios como servicio universal, como así está estipulado en ley española, donde se especifica que incluso Internet es un derecho al que los ciudadanos deben poder conectarse por considerarse parte de ese derecho universal.

Es decir, acceso para todos, pero que cada uno elija lo que quiere ver, escuchar y leer, que se sostenga por su propios medios al igual que el resto, si no queremos seguir alimentado un ente que opera como una empresa privada con su línea ideológica y de mercado en competencia al igual que lo hacen los demás medios, con el agravante de que éste lo pagamos todos sin que nos pregunten si queremos que se financien éstas o aquellas producciones, generalmente afines al gobierno de turno. La serie “Cuéntame” es un claro ejemplo de evolución de un gobierno a otro.

Sería deseable terminar con la idea de que los gobiernos tienen la obligación de educarnos porque este planteamiento sintoniza con el de regímenes de pensamiento único que, afortunadamente, han pasado a la Historia, por lo menos, sobre el papel.

Primer aspecto: económicamente inviable

Comencemos por el aspecto que ha traído el debate: el económico. Hace meses que las televisiones privadas desean que en España se adopte el modelo que ha anunciado Nicolás Sarkozy para Francia: la posible desaparición de la publicidad en la televisión pública. De momento, es una promesa que el presidente galo tiene previsto debatir durante este otoño. Pero ni el mismo Sarkozy, que ha demostrado ser rompedor con muchas cosas, se atreve a plantear el verdadero debate: televisión pública, sí o no. La respuesta es muy sencilla. La TV es la mejor plataforma para llegar a los votantes, así que no parece que los políticos estén dispuestos a enfrentarlo, más allá de cambiar estatutos y leyes.

En cualquier caso, ha sido la excusa perfecta para que la Asociación de Televisiones Comerciales Asociadas UTECA, reclame una televisión pública sin publicidad. Si esto se materializa en España, el sector privado podría repartirse unos 700 millones de euros más al año que en estos momentos.

Lo que han conseguido las televisiones privadas es un compromiso formal por parte del presidente del Gobierno- en junio de 2005- de reducir la publicidad de TVE en tres minutos por hora, para que se quede en 9 minutos. Esta reducción supone liberar para el sector privado unos 72 millones de euros anuales. El Gobierno pidió a cambio una “paz digital”, dado el controvertido proceso de adjudicación de televisiones en abierto de cara al pleno funcionamiento de la TDT. UTECA asegura que el compromiso no se cumple totalmente, aunque se han iniciado algunos pasos.

La cuestión es que esta guerra económica recae directamente sobre el contribuyente, puesto que la reducción de la publicidad siempre será compensada mediante aportaciones desde las arcas públicas.

Entre los destinos de este dinero están las diferentes productoras con las que trabaja el Ente, algo que es difícil de explicar al consumidor, puesto que RTVE es productora en sí misma y posee medios técnicos y profesionales de primerísima fila para acometer la producción de programas.

Uno de los casos recientes que invitan a pensar en la escasa independencia política que sufre el Ente, es del representante de RTVE en Eurovisión. Chikilicuatre fue un producto creado por El Terrat, que pertenece al núcleo fundador de La Sexta. La cuestión es tan evidente, que así lo publicaba El País- en guerra con Mediapro y el Gobierno por el tema del fútbol- en marzo de 2008 “El Terrat, la productora que abandera Andreu Buenafuente, ha creado al personaje que representará a TVE en Eurovisión. La compañía, que forma parte del núcleo fundador de La Sexta, y la televisión estatal están volcadas en la promoción de Chikilicuatre. Han unido fuerzas en una gran operación de mercadotecnia. Tanto El Terrat como la televisión pública están unidas por otro vínculo. El actual responsable de la cadena estatal, Javier Pons, fue hasta su incorporación a TVE -hace poco más de un año- director general de la productora”.

La verdad es que gracias a este fuego amigo, nos estamos enterando de muchas cosas. También El País publicaba en diciembre de 2007 que RTVE encargó a Mediapro la distribución de sus canales en América: “Rescinde los contratos de sus comerciales y les pide que faciliten sus contactos”.

“Mediapro se ha convertido en un proveedor privilegiado de RTVE. Tras comprarle los derechos de la Premier League inglesa, el grupo público acaba de entregar en exclusiva a la productora de Jaume Roures la distribución en toda América de su Canal Internacional y de su servicio 24 horas. Hasta el momento dicha gestión comercial estaba encomendada a 10 agentes comerciales con oficinas en Brasil, Canadá, Colombia, Argentina, México, Perú, Venezuela y Estados Unidos. La mayor parte de ellos tenían contrato desde 1999, pero les fueron rescindidos sin explicación alguna el pasado mes de julio mediante cartas remitidas por el director general corporativo de RTVE, Jaime Gaiteiro. Desde que se hicieron con la gestión de estos derechos los citados agentes, la facturación para RTVE ha sido creciente hasta alcanzar los cinco millones de euros, con unas comisiones cobradas por los agentes de en torno al 10% sobre esa cantidad. Pero la televisión pública ha procedido a la rescisión de todos ellos y a la adjudicación, sin concurso alguno, a Mediapro, a través de su filial Mediaworld”. (El País, 4/12/2007).

Este asunto no es solo económico, puesto que el Canal 24 horas y el Internacional son casi las únicas referencias de nuestra televisión fuera de España.

En los últimos tiempos, en relación a la crisis, el actual director de RTVE, Luis Fernández, ha anunciado que se endurecerán los requisitos para la financiación de películas, dada la situación de crisis económica por la que atraviesa España.

Pero en mayo de este año, con la crisis en ciernes, sabíamos que TVE tenía previsto invertir 17 millones de euros en la producción de nuevos programas, producción que sería llevada a cabo por Mediapro, El Terrat Gestmusic y 3Koma. (Se informó de esta operación en el artículo “Quién informa en España: la disputa por el favor del César (segunda parte)” GEES, junio de 2008).

Segundo aspecto: lo que se entiende por servicio público

La ayuda al cine español es una de las facetas de servicio público que tiene la televisión pública. Este año, con motivo de la crisis, el director de TVE, Javier Pons, ha anunciado que televisión Española va a ser más rigurosa a la hora de decidir qué producciones cinematográficas se apoyan, con el fin de mejorar la inversión de los recursos económicos disponibles y lograr así, un mayor retorno económico.

“Invertiremos mejor y es posible que haya menos títulos que los que se han apoyado”. TVE destinará el 50% de este capítulo del presupuesto para películas comerciales, las que potencialmente generen ganancias, imagen, marca y presencia internacional. El otro 50% se dirigirá a la financiación de películas de directores noveles, iniciativas sociales o directores latinoamericanos. hablamos de 34 millones de euros.

Estas declaraciones las vertió durante la celebración del décimo aniversario del programa de cine “Versión Española”, presentado desde hace algunos años por Cayetana Guillén Cuervo, integrante de la Plataforma PAZ, creada durante las elecciones de 2008, en apoyo al actual presidente Zapatero. Durante la celebración se pasó la película Volver de Pedro Almodóvar, también integrante de dicha plataforma.

La próxima película del director manchego, titulada “Los abrazos rotos”, estará entre las cofinanciadas por TVE, dentro capítulo de las que generan “ganancias, imagen, marca y presencia internacional”. Antes, ha participado en la financiación de otras del director manchego:“Volver” y La mala educación”, rodadas durante la primera legislatura del Gobierno Socialista.

Entre las películas que el Ente no ha subvencionado está la última película de José Luis Garci, también director laureado con el Oscar y que podría situarse en ese capítulo. La última película de José Luis Garci ha sido apoyada económicamente por Telemadrid, financiación que hay quien justifica por supuesta afinidad ideológica que se le presume al director con la derecha, aunque él mismo no ha participado, ni apoyado explícitamente nunca al Partido Popular. El programa de cine presentado por Garci fue suprimido al comienzo de la legislatura anterior.

De nuevo, el contribuyente se hace la eterna pregunta: ¿Por qué con mis impuestos debo apoyar una determinada producción?

Tercer aspecto: cumplimiento de servicio público

Como se decía al comienzo de este análisis, la polémica se ha puesto encima de la mesa por la cuestión económica, pero al hilo de ello, se ha podido conocer un estudio realizado por UTECA “Informe sobre el grado de cumplimiento del servicio público de televisión española” (23 de junio de 2008).

El documento, dirigido por el catedrático Luis Núñez Ladevéze, detalla que cerca del 40% de los contenidos de TVE no son de servicio público; Asegura que en la franja de tarde, la mitad de la programación (el 47%) no es de servicio público; En el horario preferente (entre las 21 y 24 horas), las tres cuartas partes de la programación tampoco; El cumplimiento estricto del servicio público queda relegado al 17% en el horario preferente, es decir, el grado de incumplimiento es del 83%;

Desciende el cumplimiento del servicio público de TVE: en 2005 los programas con un estricto nivel de servicio público fueron el 70,4%; en 2006, el 65,4%; en 2007, el 61,8%, y en lo que llevamos de 2008, el 63,4%. Además, pierden peso los programas culturales e informativos en las temporadas 2007 y 2008, con relación a 2005 y 2006. Por último, el 44% de las telenovelas de sobremesa de la 1ª incumplen el horario de protección al menor.

En los programas de ficción, sólo uno de cada cuatro es de producción exclusivamente española, mientras que el 64% es de producción de un país ajeno a la unión europea, en su mayoría de estados unidos. En consecuencia, no se cumple con la preceptiva de promoción de la industria española.

Por subcategorías de género, la producción de programas ajenos a la unión europea es: series con continuidad: 92,3%; series sin continuidad: 77,9%; comedias de situación: 70,7%; dibujos animados: 68,6%; largometrajes: 50,8%; telenovelas: 50,3%; el 58% de los programas emitidos se ha producido en el mismo año; el 20% tiene tres años de antigüedad.

En cuanto a la atención a las minorías con problemas físicos, el estudio dice que el 62,7% de los espacios televisivos de TVE no cuentan con subtitulación o audiodescripción. El 37,2% tiene alguna de estas dos modalidades y ninguno tiene los dos, por lo que se infiere que ningún programa de TVE es accesible a la vez para ciegos y sordos. Los deportes carecen de subtitulación y audiodescripción.

Cuarto aspecto: las reformas

Durante la primera legislatura, el presidente Zapatero prometió una profunda reorganización del grupo RTVE. En su día, afirmó que la intención era “rescatar Televisión Española de los políticos y devolverla a los ciudadanos”.

Se acordó en el Parlamento que el consejo de administración de la Nueva Corporación de RTVE no sería nombrado por el Gobierno, sino que se haría de la manera siguiente: cuatro consejeros nombrados por el Congreso, cuatro por el Senado y dos propuestos por los sindicatos y refrendados por la Cámara Baja. Los directores del Ente serán nombrados por estas diez personas y por espacio de seis años, para situar su nombramiento al margen de las legislaturas.

Así se ha nombrado al actual presidente de RTVE, Luis Fernández. Sin embargo, el método en sí no resuelve el problema, puesto que el nombramiento sigue en manos de los políticos. Ya tenemos el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. El común de los españoles tiene la sensación de que este tipo de nombramientos responden a intereses puramente políticos. La reforma tendría menos sentido aún en caso de producirse mayorías absolutas.

Estamos de nuevo al comienzo de la cuestión: ¿debemos los contribuyentes sostener con nuestros impuestos medios de comunicación por entenderse un bien de servicio público?

El futuro deseable

La primera conclusión que se puede sacar ante los datos y la situación de la televisión pública es que habría que plantearse el sentido de la misma en la Sociedad de la Información, donde la información puede ser creada y difundida por cualquiera, en tiempo real, en cualquier parte del mundo, accesible a todos.

Lo segundo que cabe preguntarse es hasta qué punto el modelo de “servicio público” puede seguir vigente, puesto que es perfectamente factible que existan televisiones en abierto, como hasta ahora y cualquier ciudadano puede acceder a dichos contenidos y más, cuando los contenidos del ente público no se diferencian del resto de los que emiten las otras televisiones.

Hoy, algunos ejemplos demuestran que al amparo del servicio público y que “el dinero público no es de nadie” el criterio para participar en la producción y financiación de la programación dista de tomarse con criterios objetivos.

La actual manera de elegir al director o directora del Ente tampoco ayuda a conseguir el loable deseo de “devolver la televisión a los ciudadanos”, puesto que la caprichosa composición de las ambas cámaras y de los sindicatos no favorece la objetividad de la elección, que sigue en la manos de la política.

En un momento en el que los sufridos contribuyentes nos planteamos algunas operaciones por motivo de la crisis, no estaría de más que alguien con la suficiente valentía planteara este debate que concluyera en beneficio de la libertad de pensamiento y formación.

Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Inmigración y Seguridad Interior.

http://www.gees.org/articulo/5955/